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Instalan monolito en memoria de presos políticos ejecutados en Puente Pichoy

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Agrupación de Derechos Humanos de Los Ríos y familiares de ejecutados políticos en Dictadura, participaron esta jornada de la inauguración de un monolito en el Puente sobre el río Pichoy, donde se dio muerte a 4 detenidos.

La actividad comenzó con una caravana que partió en el coliseo municipal y se dirigió hasta el puente Pichoy, entrada norte de Valdivia.

En la ocasión se recordó la muerte del suplementero y militante comunista José Manuel Arriagada Cortés, de 19 años; el topógrafo y militante socialista José Gabriel Arriagada Zúñiga, de 30; José Manuel Carrasco Torres, contador y militante comunista; y de Gilberto Antonio Ortega Alegría, de 39 años, empleado, dirigente sindical y militante socialista.

Ellos fueron detenidos el 10 de octubre del 1973 por carabineros de Malalhue y de Lanco y trasladados posteriormente a la Tenencia de esa comuna. En dicho recinto, producto de las torturas, falleció Gilberto Antonio Ortega Alegría, en presencia de testigos. Al cabo de pocas horas, los otros tres detenidos y el cuerpo de Ortega fueron sacados de la Tenencia para ser trasladados a Valdivia. José Gabriel Arriagada fue amarrado con José Manuel Arriagada, y Carrasco con el cuerpo de Ortega.

Al pasar 2 días de la detención, los hombres fueron ejecutados en el puente Pichoy. Todos los cuerpos registraban múltiples impactos de bala.

Jorge Rivas, sobre viviente del asesinato, sostuvo que este tipo de episodios deben quedar en la memoria de la gente.

En tanto, el alcalde de Lanco, Luis Cuvertino, señaló que él en ese tiempo estuvo detenido y fue contemporáneo a tales hechos, cuando el recinto de Carabineros fue utilizado para las torturas y que ahora es ocupado por la municipalidad.

En cuanto al Informe Rettig, la investigación judicial terminó en 2008 con la condena de 4 ex funcionarios de carabineros, 3 suboficiales y un teniente, que no cumplieron penas de cárcel por la muerte de estas personas. De todas formas, Jorge Rivas sostuvo que estarán atentos a cualquier posibilidad de reabrir el caso para que los condenados paguen con cárcel.

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