El presidente del Sindicato Nº2 de Trabajadores Productivos de la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), Bernardo Tapia denunció presuntas “irregularidades que se arrastran por años”, en la entidad.
Según acusó, “existen cobros inadecuados por trabajos a la FACh, pago de facturas sin licitación y licitaciones ilegales, como lo plantea la Contraloría General de la República en reiterados dictámenes, que incluso han llegado a la justicia ordinaria”.
Asimismo, sostuvo que el directorio de la empresa ha llevado a Enaer a un alto endeudamiento con la banca privada, “aprobado por el ministerio de Hacienda, el SEP y el ministerio de Defensa, mas estos mismos actores durante este año han hecho infructuosos esfuerzos, primero por privatizar y posteriormente por cerrar nuestra empresa en forma ilegal, como lo dictaminara la Contraloría”.
“Pero la tozudez da para más, ya que no obstante los dictámenes de la Contraloría y los reiterados llamados a declarar ante las comisiones de Defensa de ambas cámaras en el Congreso Nacional, estos administradores siguen con la idea de cerrar, primero cerrando en forma unilateral los proyectos, lo que traería para el Fisco pérdidas del orden de los 120 millones de dólares, solo por uno de los tantos proyectos que hoy están vigentes, y multas que pueden llegar a los 300 millones de dólares para el Fisco, más de 9 millones de dólares por las desvinculaciones”, agregó.
Cabe precisar que a fines de mayo pasado, un centenar de trabajadores de la Empresa Nacional de Aeronáutica se manifestaron frente al Palacio de La Moneda por la incertidumbre que vivía el sector ante la llegada de un nuevo socio extranjero EADS Casa España, a través de su unidad Airbus Military, lo que significaría el despido de 400 trabajadores.
Acompañados por dirigentes de la ANEF, los presidentes de los sindicatos número 1 y 2, Luis Pedrero y Bernardo Tapia, respectivamente, entregaron una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, en la que denunciaban presuntas irregularidades que estarían ocurriendo dentro de Enaer, y también solicitaban que el proceso, a su juicio de “privatización ilegal”, se detuviera.
