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Candidatos hacen uso irregular de sedes que pagan todos los chilenos

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Mientras la UDI justifica el uso político para que candidatos a las municipales operen con sus comandos en sedes parlamentarias, la ley lo prohibe. En tanto candidatos independientes o sin presencia en el Congreso quedan a la deriva, pagando de su bolsillo, en una clara desventaja con sus adversarios. Estas sedes, por lo demás, las paga el Congreso, es decir, todos los chilenos.

El incendio en la sede del comando del candidato UDI al municipio de Tomé, Larry Sandoval, dejó en evidencia una diferencia práctica en la manera de leer la legislación vigente al momento de revisar el uso de sedes parlamentarias.

Lo anterior porque ese comando del postulante al sillón edilicio finalmente era la sede parlamentaria del diputado Sergio Bobadilla, que figura como arrendada por el Congreso y finalmente se usa para el proselitismo político de una candidatura.

Esto pese a la disposición de la comisión de asignaciones donde las sedes de parlamentarios no pueden ser arrendadas para otros fines, como por ejemplo ser compartidas por partidos políticos.

La lectura que realizan desde el gremialismo es distinta, de hecho responde a una consulta particular que hicieran a esa comisión, según comentó el presidente regional de la UDI el diputado Iván Norambuena.

Mientras la UDI defiende la dualidad de candidatos municipales y parlamentarios en sedes pagadas por todos los chilenos, la muestra la evidencia la candidatura de Emilio Armstrong por Concepción que ocupa las oficinas que paga el Congreso al diputado Enrique Van Rysselberghe, en calle Angol.

Desde la Democracia Cristiana, la situación es diferente, incluso revisada por abogados para no infringir la ley, ni ahora ni el mismo día de las elecciones cuando se realice el conteo de votos. Así lo comento el presidente regional Martín Zilic.

El ejemplo desde la Concertación lo promueve el postulante por Concepción, el DC Álvaro Ortiz, con el uso como sede de candidatura de la casa ciudadana en calle Rozas, que si bien ha concentrado la labor parlamentaria de su padre, el diputado José Miguel Ortiz, obedece a una antigua casona de herencia familiar y no facturada a través del Congreso.

Sin duda para los candidatos independientes o de partidos pequeños que no tienen representación en el Congreso, el escenario es mucho más duro y adverso al momento de meterse la mano al bolsillo para costear gastos propios como una sede de candidatura.

Es lo que le sucede al humanista por Concepción, Francisco Córdova, que a través de una colecta logró establecer un arriendo para operar con su comando.

Una disposición más explícita que condene el mal uso de los dineros públicos a este respecto, pudiera despejar dudas y situaciones tales como las que viven candidatos en desventaja presupuestaria, porque arriendos desde 200 hasta 800 mil pesos, que figuran en el Congreso, marcan una diferencia al momento de llegar para convencer y captar votos del electorado.

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