El Colegio Inmaculada Concepción deberá mantener la matrícula a alumnas notificadas del fin del contrato educacional a partir del próximo año. Así lo ordenó la Corte de Apelaciones de Concepción en un fallo dictado por la Cuarta Sala, en el que además restituye la calidad de apoderados a los padres de las jóvenes.
Hace dos meses, sin argumentos de peso, las monjas sostenedoras del establecimiento habían resuelto, a partir del segundo semestre, la expulsión de las hijas de los padres que iniciaron las acciones legales contra la venta del colegio anunciada en marzo por la directora sor María del Rosario.
La Dirección de Educación Provincial penquista revocó inmediatamente esa decisión, pero el Inmaculada Concepción respondió notificando a Miguel Palacios, Patricio Leal y Alejandro Grandón, a quienes también había retirado la calidad de apoderados, que sus hijas no podrían matricularse para el año escolar 2013.
Ambas resoluciones fueron objeto de recursos de protección, cuya sentencia a favor de los padres e hijas fue dictada por el tribunal de alzada, señalando que el proceso sancionatorio que concluyó con las medidas de represalia fue ilegal y arbitrario, según explicó el abogado Pablo Muñoz.
Gastón Barril, abogado también de los recurrentes, agregó que al declarar nulo el proceso sancionatorio, deja también sin efecto la cancelación de las matrículas a partir de 2013.
Patricio Leal expresó su satisfacción por este nuevo fallo.
La sentencia de los ministros Jaime Solís y Juan Rubilar, además del abogado integrante Mauricio Ortiz, sigue al dictado por el Tribunal Calificador de Elecciones la semana pasada y que repuso en sus cargos como dirigentes del centro de padres y apoderados del establecimiento educacional a los mismos recurrentes.
