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Testigo denuncia que su secuestro fue un mensaje para presidenta argentina

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Un testigo clave en el juicio por la muerte de un militante de izquierda en 2010 en una riña con sindicalistas del peronismo (gobierno) en Argentina, aseguró el viernes que su secuestro durante 24 horas fue un mensaje mafioso para la presidenta Cristina Fernández.

“El mensaje mafioso no fue para mí, fue para la presidenta”, afirmó Alfonso Severo, (54 años) en rueda de prensa emitida por la televisión en las puertas de su casa en la periferia sur.

El gobierno estaba pagando el costo político del secuestro, según la prensa local, porque no pudo garantizar la seguridad del testigo y aún no pudo esclarecer ni siquiera el secuestro y desaparición de Julio López en 2006.

López es un albañil de 77 años de quien nada se sabe desde el 18 de setiembre de 2006, la noche anterior a cuando iba a ampliar sus declaraciones en un juicio por violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1976-1983).

El caso de López fue el primero desde la restauración democrática en 1983 y el único en el que la víctima sigue sin aparecer, por lo que un segundo hecho era considerado desestabilizador para el gobierno, según la prensa.

La desaparición de Severo causó conmoción y movilizó a centenares de activistas a la Plaza de Mayo que protestaban contra el gobierno, mientras culpaban a la policía y a la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria involucradas en la muerte de Ferreyra.

Severo apareció en estado de shock con las manos atadas y golpeado, en la periferia sur, tras ser secuestrado el miércoles por la noche, dijo su hijo Gastón, en rueda de prensa el jueves.

Unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura (1976-1983), según organismos humanitarios.

El testigo debía prestar testimonio ante un tribunal el jueves en el juicio por la muerte de un disparo en el pecho del activista Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, homicidio por el cual está acusado como instigador José Pedraza, exlíder de los ferroviarios.

Severo, ex empleado ferroviario, denunció reiteradas amenazas de muerte y su vivienda fue baleada el año pasado.

“No tengo miedo, voy a declarar”, dijo el viernes.

Durante la instrucción del juicio dijo haber visto un arsenal de armas en una oficina de la Unión Ferroviaria, que pertenece a la oficialista central obrera CGT.

El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo el jueves en mensaje por televisión que “ni la justicia ni el testigo habían solicitado que esté incluido en el programa de la protección de testigos”.

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