En el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano y después de 5 años de presentada una de las demandas por el accidente radiactivo en la celulosa Nueva Aldea, se reactivó su tramitación con la entrega de pruebas.
En la causa iniciada por Fernando Vargas, el trabajador busca el pago de 1.000 millones de pesos por los daños y perjuicios sufridos.
Hasta el tribunal porteño llegaron los abogados de la empresas demandadas, es decir, las contratistas ITC y Echeverría Izquierdo, además de Arauco, quienes interrogaron a los testigos del demandante.
Según explicó el abogado del operario accidentado, Jorge Cárdenas, fue una estrategia dilatoria de los demandados lo que impidió el avance de la acción legal interpuesta en 2007 por su cliente.
El jurista espera que con la entrega de la prueba testimonial en desarrollo, comience la cuenta regresiva para que el titular del Segundo Juzgado Civil, Manuel Muñoz, resuelva la millonaria demanda e individualice a los responsables del accidente radiactivo.
La salud de Fernando Vargas, al igual que otros trabajadores que se desempeñaban en la construcción de la celulosa en diciembre de 2005, se ha visto afectada desde entonces a raíz de su contacto con una cápusla de iridio, por lo que han debido estar en tratamiento médico durante todo este tiempo.
A diferencia de Vargas, otras víctimas del accidente nuclear dejaron de ser atendidas en las mutualidades, según denunció José Muñoz, presidente del Sindicato de Montaje Industrial, quien declaró como testigo en el juicio en trámite.
De todos los trabajadores, fue Miguel Ángel Fuentes el que mayores daños recibió en el accidente. Sufrió quemaduras al manipular el material radioactivo, las que lo han obligado a tener que viajar a Francia en al menos dos oportunidades para un tratamiento que ya incluyó injertos y procedimientos con células madre.
