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RN y comisión de Derechos Humanos celebran condenas a red delictual por trata de blancas

Contexto | Danilo Ormeño (RBB)
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Diputados de Renovación Nacional y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se mostraron a favor de la condena de 31 años de cárcel otorgada a la red de trata de blancas de ciudadanas chilenas y de República Dominicana. Esta se trata de la primera sentencia por el delito de trata interna de personas con fines de explotación sexual desde la modificación de la ley 20.507.

La opinión de los diputados de la Alianza y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos fueron emitidas luego de que el Cuarto Tribunal Oral condenara a 31 años de cárcel a la red delictual formalizada por los delitos de asociación ilícita para la trata de personas y trata interna, la primera condena por dicho delito, desde la modificación de la ley 20.507.

Se trataba de una red internacional que ingresaba mujeres dominicanas a nuestro país en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente y lucrar con sus servicios.

Ésta variación en la legislación comenzó a funcionar en 2011, antes de la cual las condenas por el delito de trata de blancas era bastante menor.

Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Cristián Monckeberg.

Según el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gabriel Pozo, este delito viola severamente los derechos inalienables de las personas, y que se den mayores condenas demuestra un crecimiento en la sociedad chilena

Esta opinión fue avalada por el diputado RN José Manuel Edwards Silva de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, quien agregó que esta ley es fundamental para defender especialmente a las mujeres que están susceptibles a ser víctimas de la explotación sexual.

De las cuatro mujeres que fueron acusadas por trata interna de personas con fines de explotación sexual, dos eran de República Dominicana, y dos chilenas.

Las acusaciones fueron formuladas por la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación, y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellante en la causa.

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