Concentrado en el Tercer Juzgado Civil de Concepción quedó el caso Inmaculada Concepción luego que fueran acumuladas las tres demandas y contrademandas interpuestas por las partes a raíz de la venta del tradicional y centenario colegio. Además, la Corte de Apelaciones penquista confirmó la medida precautoria que prohíbe concretar el acuerdo comercial en la Orden religiosa y el Arzobispado de Concepción.
La información fue entregada a La Radio por la jueza Carola Rivas, ante quien se interpuso la primera acción civil de ANRO, la sociedad que en enero pasado suscribió con las monjas de la Inmaculada Concepción un contrato de compraventa del colegio por $3 mil 700 millones. El abogado Álvaro Moraga pide en esta demanda el cumplimiento de ese acuerdo.
La magistrada explicó que resolvió acumular a este último expediente las dos demandas presentadas en el Primer Juzgado Civil penquista por el abogado del establecimiento educacional, Ricardo Retamal, con el objetivo de que se invalide por incumplimiento la compraventa acordada con ANRO a comienzos de este año.
Todas estas acciones legales surgieron tras conocerse en mayo el interés del Arzobispado de Concepción, a través de la fundación educacional La Asunción, de adquirir el colegio. Como primera medida, informada la sociedad Anro del acuerdo en la Iglesia Católica, fue una medida precautoria que paralizó el negocio entre las religiosas y el arzobispado.
Esta resolución de la magistrada Rivas se encuentra confirmada por el tribunal de alzada penquista, no obstante ya dos meses que el propio establecimiento señaló que renunciaba a desprenderse del plantel y continuar con el proyecto educacional el próximo año.
El trámite de las demandas, sostuvo la jueza Carola Rivas, siguen su curso normal, encontrándose los abogados de las partes, Álvaro Moraga y Ricardo Retamal, las pruebas para fundamentar sus respectivas denuncias de incumplimiento de contrato.
