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Inmigrantes protestan en Madrid contra fin de salud pública para sin papeles

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En un estruendo de pitos y bocinas, cientos de personas se manifestaron ante un gran hospital de Madrid para denunciar una reforma sanitaria del gobierno conservador español, en vigor a partir de este sábado, que priva del servicio de salud pública a los inmigrantes irregulares.

“¡Ningún ser humano es ilegal!”, gritaban los manifestantes mientras cortaban una calle frente al Hospital Gregorio Marañón de la capital.

“Esto es un acto de rebelión ante una ley totalmente injusta”, dijo a la AFP Rodrigo Rojas, un peruano de 51 años.

“El inmigrante en su momento ha significado mano de obra barata y ahora que ya no sirven lo mandan al camal (matadero, NDLR)”, afirma este hombre que llegó hace 15 años a España, donde fundó una pequeña empresa de construcción que quebró en 2009 como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Con la pérdida de su trabajo Rojas perdió el permiso de residencia y ahora se encuentra, como cientos de miles de otros indocumentados, sin acceso a la sanidad pública española.

Hasta este sábado, los inmigrantes podían obtener la tarjeta que permite utilizar los servicios médicos públicos con un simple empadronamiento.

Pero en el marco de sus políticas de rigor, el gobierno de Mariano Rajoy decidió endurecer las condiciones de acceso.

Ahora los inmigrantes irregulares sólo tienen acceso gratuito a la atención de pediatría, asistencia al embarazo y servicios de urgencias.

Casi 2.000 médicos se declararon contrarios a esta medida y afirmaron que seguirán atendiendo a sus pacientes sin papeles.

A ellos se sumaron enfermeras y otro personal sanitario, movilizados por ONG como Médicos del Mundo que lanzó una campaña, bautizada “Derecho a curar”, en la que llamó a los profesionales del sector a la objeción de conciencia.

Ante esta indignación, el gobierno español afirmó que los indocumentados seguirán siendo atendidos aunque deberá pagar por el servicio y propuso que éste sea facturado a sus países de origen cuando exista un convenio bilateral que lo permita.

Siete de los 17 gobiernos regionales del país, competentes en materia de sanidad, afirmaron que desacatarán la ley y mantendrán el acceso a la salud pública para inmigrantes irregulares.

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