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Justicia ordena millonaria indemnización por identificación errónea de víctima del Patio 29

Mabel Vargas (CC)
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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 160 millones de pesos a la madre y hermanos de una víctima inhumada ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General, que fue identificada erróneamente por el Servicio Médico Legal.

En fallo dividido, los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada ratificaron el fallo que condenó al Estado por su responsabilidad en la errónea identificación, realizada en 1994, de Luis Herminio Dávila García, quien fue detenido el 15 de octubre 1973 en su domicilio, ubicado en la población Isabel Riquelme.

Los restos de Dávila García fueron inicialmente identificados, el 28 de octubre de 1994, por el Servicio Médico Legal (SML) con pericias antropométricas. En 2006 se detectó que su caso formaba parte de uno de los errores en las identificaciones realizadas ese año.

El 19 de noviembre de 2011, los restos de Dávila García fueron correctamente identificados con pericias de ADN mitocondrial realizadas en el Laboratorio de North Texas.

El fallo indica que “el Servicio Médico Legal entregó un servicio defectuoso, al omitir informar sobre el resultados de pericias que habían sido encomendadas a órganos extranjeros y por las cuales se había efectuado una costosa inversión”.

Agrega que el organismo no exigió la entrega oportuna de ese informe y continuó el trabajo de identificación sin considerarlo para ningún efecto.

“El Servicio no fue lo suficientemente acucioso, riguroso, ni adoptó los resguardos suficientes en el envío de muestras aptas para la pretendida identificación a la Universidad de Glasgow, que permitieran de manera idónea la práctica de la pericia que se le había encomendado, aspectos todos que trajeron como consecuencia una apresurada y errónea identificación de los restos del Patio 29”, sostiene el fallo de primera instancia.

La resolución de la Corte de Apelaciones se adoptó con el voto en contra de la ministra Ravanales, quien sostuvo que no hay responsabilidad del Estado en el hecho.

El fallo ordena indemnizar con 80 millones de pesos a María Lucía García Vásquez, madre de la víctima; y con 20 millones de pesos a cada sus 4 hermanos.

Luis Dávila García era un vendedor ambulante de 18 años y fue detenido en su domicilio de la población Isabel Riquelme, el 16 de octubre de 1973, por personal de Carabineros de Chile. Su nombre se consignó en el Informe Rettig de 1991.

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