Los tropiezos en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones de las termoeléctrica Castilla y Pirquenes respectivamente, han provocado un reguero de reclamos y recriminaciones de ministros, empresarios e incluso del presidente Sebastián Piñera.
Lo ocurrido con Castilla y Pirquenes demuestra varias cosas. En primer lugar, que no ha habido una estrategia energética en el país. Empujados por el modelo económico que deja al Estado en un rol subsidiario, o sea, que hace sólo lo que los privados no van a emprender porque no es negocio, el sistema ha funcionado gracias a la demanda, que ha sido satisfecha por emprendimientos rentables para quienes están en el negocio de la energía.
El problema es que el Estado ni siquiera ha regulado. Los mismos empresarios que claman que se respete la ley cuando les conviene, ahora rezongan porque ésta no los ha favorecido. Tal vez se acostumbraron a ser favorecidos.
Muchas voces han señalado que estas decisiones de los tribunales nos causan un daño a todos, al país entero. En verdad, los nuevos proyectos energéticos que se han emprendido son para satisfacer la gran demanda de energía que se está generando con los nuevos proyectos mineros privados.
En esa lógica, podríamos pensar que son proyectos de “nosotros” si al menos esas empresas pagaran un royalty, un impuesto digno de ese nombre, similar al de otros países. Pero aquí pagan tan poco, que nadie siente que esos proyectos privados tengan algo que nos incumba a todos, salvo la extinción de recursos no renovables del país.
En resumen, hemos estado bailando al vaivén de los intereses particulares y no a partir del interés general. Es lo que ocurre cuando el Estado renuncia a lo mínimo: regular en beneficio de todos y no a partir del lobby, la presión, amiguismo o la ideología de favorecer los intereses particulares de unos pocos creyendo que al final eso va a redundar en el interés general.
http://youtu.be/f4xOosw4gW8
