Conflictos de interés en la entrega de pensiones de invalidez motivaron una reunión de diputados de la Concertación con la ministra del Trabajo Evelyn Matthei, con el fin de modificar la ley que rige este sistema.

La modificación al Decreto Ley 3.500 apunta a eliminar la interferencia que pueden realizar las Administradoras de Fondos de Pensiones y compañías aseguradoras en la asignación de pensiones de invalidez a un trabajador enfermo.

Por lo menos así lo lo plantearon los diputados Juan Luis Castro (PS) y Cristina Girardi (PPD) ante la ministra Matthei, con quien pretenden seguir realizando reuniones con el fin de beneficiar a cerca de 60 mil trabajadores que solicitan este tipo de pensión.

Según Girardi, las comisiones médicas regionales son integradas por la Superintendencia de Pensiones, representantes del Colegio Médico, de las AFP y compañías aseguradoras.

Estas dos últimas, sin duda generan conflicto de interés -dijo Girardi- ya que complican la asignación de pensiones a trabajadores, pese a tener claras evidencias de enfermedad.

La parlamentaria señaló que tampoco los trabajadores son informados de su derecho a solicitar un médico asesor y se les impide asistir a las comisiones con su especialistas tratantes.

Según la superintendenta de Pensiones, Solange Berstein, es posible realizar cambios para agilizar la tramitación de pensiones de invalidez, negando de paso conflictos de interés en las comisiones médicas que las estudian.

La Superintendenta agregó que interferencias en las tramitaciones se han dado por el aumento de solicitudes de 60 mil a 80 mil casos.

Por su parte, los trabajadores dieron cuenta de otra realidad, tal como lo señaló Antonio Castro, pintor de una empresa en Santiago, quien espera hace 4 años la pensión por invalidez, debido a una grave insuficiencia cardíaca.

La comisión ha rechazado tres veces su caso -aseguró Antonio Castro- quien además presenta el aumento de su deterioro debido a la complicada situación para obtener su pensión por invalidez