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Presidente guatemalteco propone incluir derechos indígenas en Constitución

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El presidente de Guatemala, Otto Pérez, presentó este lunes al Congreso un proyecto para incluir en la Constitución el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de este país, que representan el 42% de la población.

La iniciativa, que incluye también reformas a la integración del Parlamento y el fortalecimiento de los organismos de seguridad, establece que “la nación guatemalteca es una y solidaria; y dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnico y multilingüe”.

El Estado promoverá las “formas de vida, de organización, costumbres y tradiciones, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, sus distintas formas de espiritualidad, idioma, dialectos y el derecho a transmitirlo a sus descendientes” de los nativos.

También reconocerá y protegerá el uso, conservación y desarrollo del arte, la ciencia y la tecnología indígenas, “así como el derecho de acceso a los lugares sagrados legalmente determinados”.

A pesar de la importancia numérica de los pueblos maya, xinca y garífunas (negros del Caribe), Guatemala no incluye en su Constitución los derechos específicos de esas etnias originarias y sólo hace una mención a la protección de “grupos étnicos”.

La iniciativa de Pérez contempla además la reforma de 35 de los 280 artículos de la Constitución vigente desde 1985, año en que concluyó un largo periodo de dictaduras militares y en el que se estableció un sistema de democracia representativa.

La propuesta “contiene lo que considero un mínimo de reformas indispensables para hacer más eficientes y eficaces las funciones del Estado”, dijo Pérez ante el Congreso.

Además del reconocimiento a los pueblos indígenas, la iniciativa busca reducir de 158 a 140 el número de diputados y propone varias reformas para fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia del país con el fin de reducir la tasa de homicidios (41 por cada 100.000 habitantes) y la impunidad, que alcanza el 98% de los casos que llegan a los tribunales.

En particular, pretende elevar a rango constitucional la Policía Nacional Civil, así como aumentar de cinco a 11 el número de magistrados de la Corte Constitucional y extender la duración de sus nombramientos de cinco a 10 años.

También propone aumentar de 2 a 4% el presupuesto del Poder Judicial y crear un Consejo de Carrera Judicial.

Pérez ha pedido que a este proyecto se le dé un trámite “de urgencia nacional” para que se pueda aprobar en poco tiempo, lo que requiere una mayoría de 105 diputados.

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