Con escritos ante la Corte Marcial, tres de los cuatro abogados querellantes en la investigación por la tragedia en el archipiélago de Juan Fernández, donde murieron 21 personas al accidentarse el avión CASA 212 de la FACh el 2 de septiembre del año pasado, le pidieron encargar reos a cinco oficiales de la institución.

Esto ante el rechazo que recibieron la semana pasada por parte del ministro en visita, Juan Cristóbal Mera señalando un “no ha lugar” por “la naturaleza y el objetivo de la presente investigación”, dijo el juez en su resolución.

Los abogados Alfredo Morgado, Cristián Arias y Maximiliano Delgado, que representan a gran parte de los familiares de las víctimas, presentaron sus respectivos escritos sus discrepancias con la decisión del ministro en visita, insistiendo que los cinco oficiales sean interrogados como inculpados y sean sometidos a proceso.

Se trata del general (r) Luis Ili Salgado, en su calidad de ex comandante del comando de combate; el coronel Guillermo Castro Guzmán, como jefe del Estado Mayor del Comando de Combate; el general (r) Julio Frías Pistono, en su calidad de ex jefe de la 5ta Brigada Aérea; el coronel Aldo Carbone Frugone, como jefe del Estado Mayor de la 5ta Aérea y el teniente coronel César Pineda Troncoso, como ex comandante del Grupo de Aviación Número 8.

El general Ili se retiró de la institución antes de que comenzara el sumario interno que determinó responsabilidades administrativas a trece oficiales, mientras que esa misma investigación recomendó pedir la salida del general Frías y el teniente coronel Pineda.

En los escritos, los abogados querellantes citan que los cinco oficiales cometieron los ilícitos de cuasidelito de homicidio u homicidio culposo e incumplimiento de deberes militares, según el Código de Justicia Militar, esto porque “no tenían ni aplicaron los procedimientos correspondientes para viajar a la isla Robinson Crusoe, según se desprenden de los informes del fabricante de la aeronave y la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación y las declaraciones indagatorias desde el comandante en jefe de la FACh, general Jorge Rojas hacia abajo en el organigrama de la institución” dicen los textos.

Las presentaciones piden que todos los oficiales sean interrogados en calidad de “inculpados” es decir exhortados a decir verdad y luego sean sometidos a proceso, cuestiones que deberá resolver el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera en los próximos días.

También en los escritos, los abogados piden que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), individualice al funcionario que designó a Manuel Chamorro González como observador meteorológico de la pista de aterrizaje de Robinson Crusoe, aún cuando su condición formal para la institución era de empleado de aseo y ornato en el lugar.

Asimismo pide una pericia sobre la calibración del “anemómetro” que estaba en el lugar, ya que es el instrumento técnico para la medición de los vientos, y según los querellantes, aún no se ha aclarado en qué condiciones estaba este viernes 2 de septiembre de 2011.