El gobierno boliviano descartó este jueves que policías brasileños participen en Bolivia en la erradicación de cultivos de coca y reiteró que el apoyo de Brasil se limitará a asistencia tecnológica e intercambio de información para la lucha antidrogas.

“Siempre hay una predisposición al trabajo en conjunto, en el marco de la responsabilidad compartida, pero de ahí a considerar la posibilidad que la Policía Federal de Brasil ingrese a territorio boliviano a realizar tareas de erradicación, eso no corresponde”, afirmó el ministro de Interior, Carlos Romero, en una conferencia de prensa.

Medios de prensa bolivianos reprodujeron en los últimos dos días versiones del diario brasileño Folha de Sao Paulo que señala que la Policía Federal de Brasil podría ingresar a Bolivia para erradicar coca, materia prima para fabricar cocaína, repitiendo la experiencia realizada con Perú.

El ministro Romero, principal responsable en la lucha antidrogas, afirmó que “si hubo una acción conjunta entre Perú y Brasil, seguramente tiene sus fundamentos razonables”, pero imitar lo sucedido en Bolivia “esa posibilidad la hemos descartado”.

Romero no comentó la decisión de Brasil de movilizar tropas del Ejército y la Policía en sus fronteras, la boliviana entre ellas, para frenar la ingreso de cocaína.

Bolivia cuenta con 31.000 hectáreas de coca, según monitoreos de las Naciones Unidas, de las que sólo se reconoce la legalidad de 12.000 para usos tradicionales, como masticación, infusión y rituales religiosos andinos.

El país logra erradicar anualmente entre 8.000 y 10.000 hectáreas, pero los labriegos suelen sembrar la milenaria planta en otros lugares del país, casi en la misma cantidad.

La Paz no cuenta con datos oficiales de cuánta cocaína produce, aunque Estados Unidos señaló recientemente que la producción anual de Bolivia se sitúa en 265 toneladas, menos que en Perú (325 toneladas) y más que en Colombia (195 toneladas).

Bolivia logró incautar el año pasado 29 toneladas de cocaína y el saldo se va a los siguientes países: Brasil (60%), Argentina (20%) y Chile (20%).

Brasil considera que la mitad de la cocaína que llega desde Bolivia se queda en su propio territorio y el resto va para el mercado europeo.