La Cámara de Diputados de Argentina votará este miércoles una ley para la expropiación de una empresa impresora de billetes, en la mira de la justicia por un escándalo de corrupción que salpica al vicepresidente Amado Boudou.
Se estima que la norma será aprobada con la mayoría del bloque del gobernante peronismo y sus aliados, luego de que el Senado, también dominado por el oficialismo, diera la semana pasada el primer paso hacia la sanción de la ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía Sudamericana de Valores (ex Ciccone).
La empresa gráfica está bajo la lupa de la justicia en una causa en la que Boudou es investigado por el juez Ariel Lijo por supuesto tráfico de influencias para favorecer a esa firma que, según las denuncias, estaría conducida por allegados del vicepresidente argentino.
La oposición considera que la iniciativa de expropiarla busca proteger del escándalo a Boudou, ex ministro de Economía.
El proyecto es impulsado por el gobierno en un contexto de “serias sospechas de estar frente a un monumental acto de corrupción”, dijo Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque de diputados del radicalismo, el principal partido de la oposición, en el marco de una reunión legislativa previa al plenario.
La empresa fue intervenida semanas atrás por el Poder Ejecutivo y está ahora a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura.
El proyecto del Poder Ejecutivo, que también declara de utilidad pública la emisión de papel moneda, se basa en la necesidad de “mantener la soberanía monetaria” y de “concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad”.
La oposición había reclamado además que se difundieran los nombres de los dueños de la compañía, hasta ahora desconocidos, y que éstos comparezcan en las reuniones previas de las comisiones de diputados que debatieron la expropiación.
“Se pretende que el Congreso asuma roles que no le corresponde. Saber quién es el dueño o quiénes son los acreedores no es materia del Parlamento”, afirmó el diputado oficialista Jorge Yoma, quien sostuvo que “sí es potestad del Congreso declarar de utilidad pública un bien”.
Durante la reunión en comisión, la diputada del PRO (derecha), Laura Alonso, desató el martes un escándalo con sus colegas del oficialismo al señalar que “el esbirro, el mafioso se sienta en la presidencia del Senado”, en alusión a Boudou, quien como vicepresidente de la Nación ejerce ese cargo.
En abril pasado, Boudou rechazó las acusaciones en su contra y las atribuyó a un “ataque de las mafias” luego de que la justicia llevara a cabo un allanamiento en una propiedad suya que está alquilada en el lujoso barrio capitalino de Puerto Madero.
