Muy pocos condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet están cumpliendo sus penas, alertó este martes el Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, al finalizar una inédita visita a Chile.

“Muy pocos de los victimarios condenados con sentencia firme están efectivamente cumpliendo penas, debido a las bajas penalidades que se les impone o los beneficios que se les otorga”, dijo el grupo en un comunicado, al finalizar una misión de trabajo que se inició el 13 de agosto.

El grupo consideró además como un “peligro latente” la Ley de Amnistía que rige desde el inicio de la dictadura en 1973 hasta abril de 1978, los años más duros del período de facto (1973-1990), que dejó un saldo de más de 3.000 muertos y desaparecidos.

“La vigencia del Decreto-Ley de Amnistía de 1978 representa un peligro latente y debe anularse”, afirmaron los expertos.

Además, se criticó la “lentitud de los procesos judiciales, la permanencia de la jurisdicción militar incluso para casos actuales de violaciones de derechos humanos, la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas”.

No obstante, el grupo destacó que “desde el retorno a la democracia en Chile (1990) se han dado importantes pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar”.

Un total de 76 agentes de la dictadura han sido condenados hasta mayo pasado por violaciones a los derechos humanos y 67 de ellos han sido encarcelados, según un reciente estudio de la privada Universidad Diego Portales.

En tanto, los tribunales chilenos mantienen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones que datan del período dictatorial y que involucran a unos 700 militares y agentes civiles.

La misión de la ONU entregará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013.