La huelga de empleados públicos en Brasil que luego de varias semanas afecta el comercio y la actividad en puertos y aeropuertos, elevará la próxima semana la presión sobre el gobierno por ajustes salariales, en plena desaceleración económica por causa de la crisis.
“La huelga será intensificada. Los trabajadores se movilizarán y acamparán en la explanada de los ministerios para buscar una definición a este problema”, dijo el sábado a la AFP Ricardo de Holanda, portavoz del Sindicato Nacional de las Agencias Nacionales de Regulación (Sinagencias).
Los funcionarios de más de 20 ministerios y organismos federales, incluida la Policía Federal, paralizaron sus actividades de forma gradual en los últimas semanas para exigir una homologación y ajuste salarial que varía entre un 25 y 50% dependiendo el sector.
En el caso de los profesores universitarios la huelga completa casi tres meses.
El gobierno de Dilma Rousseff ofreció incrementos por debajo de la expectativa de los sindicatos alegando el impacto de la crisis económica, y acudió a la justicia para exigir el regreso de los empleados a sus puestos de trabajo o a reemplazar a algunos de ellos con funcionarios municipales.
Rouseff envió el viernes un mensaje a los sindicatos que parece anticipar el tono de las negociaciones de la próxima semana.
“Lo que el gobierno hará es asegurar empleos para aquella parte de la población que es más frágil, no tienen derecho a estabilidad, porque estuvo muchas veces desempleada”, dijo Rousseff en un discurso en el estado de Minas Gerais (sureste).
La mandataria se escuda en la crisis para rechazar las pretensiones de los trabajadores, pero los sindicatos “creen que todavía hay espacio en el presupuesto de 2013 para incluir los ajustes”, según Sinagencias.
“La semana que viene es decisiva para el futuro de la huelga. Los empleados quieren volver al trabajo y sólo esperan que el gobierno realice una propuesta satisfactoria”, señaló de Holanda.
Unos 580.000 empleados forman parte del servicio público federal, según el Ministerio de Planeación. Los sindicatos calculan que cerca de 350.000 empleados están en huelga, aunque el gobierno estima una cifra mucho menor.
La protesta cobró fuerza con la adhesión de controladores aduaneros y de la Policía Federal, causando retrasos en los trámites de importación, expedición de pasaportes y actividad en general de puertos y aeropuertos.
El orden público es responsabilidad de la policía militar, que por ley está impedida de hacer huelga, mientras la Policía Federal combate el narcotráfico y se ocupa del control migratorio.
La semiparalización de servicios como el de control sanitario y aduanero está afectando la importación de mercancías. Sólo en julio no pudieron ingresar productos por unos 4.500 millones de reales (unos 2.250 millones de dólares), según la Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB, privada).
“Hay almenos 150 barcos parados en los puertos, lo que genera un costo diario de 40.000 dólares por cada uno”, dijo José Augusto de Castro, presidente de la AEB, al diario Folha de Sao Paulo.
Así, el gobierno enfrenta la presión de los trabajadores públicos por mejores salarios mientras estira el presupuesto ante el deterioro de la actividad, que lo obligó a revisar a la baja, de 4,5 a 3%, su previsión del PIB para este año.
