Un llamado a las autoridades de Gobierno a definir de una vez por todas la situación referente a eventuales compensaciones a más de 100 mil reservistas de las FF.AA. en todo el país, realizaron los representantes de las asociaciones de los ex soldados conscriptos durante los años 1973 y 1990.

Desde el comienzo de la década del 90 las diferentes agrupaciones de ex soldados conscriptos han solicitado al Ejecutivo el estudio y eventual solución al problema. Esto, considerando que los plazos de prescripción se encuentran cumplidos y que ningún derecho los ampara en sus demandas, tal como lo señaló la Contraloría General de la República en un dictamen de abril de 2010.

En un documento enviado desde el Ministerio del Interior al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en julio de este año, se informa que los datos y pruebas entregadas por las agrupaciones para propiciar sus peticiones no contienen antecedentes concretos respecto de quienes habrían sido afectados por las situaciones denunciadas.

Se precisa además que sólo son declaraciones de carácter genérico pero no individualizan circunstancias ni personas directamente vulneradas. Adicionalmente las fuentes de la información para acreditar la autenticidad de los hechos son de difícil acceso y la mayoría es de larga data, además se encontrarían en un soporte físico muy antiguo y defectuoso.

Sin embargo y a pesar de aquello, el Ministerio del Interior se comprometió a analizar los casos de las cinco organizaciones de ex soldados, quienes solicitan compensaciones por supuestas violaciones a los Derechos Humanos, reparaciones por exceso de tiempo servido, daños a la salud y reintegro de cotizaciones previsionales impagas entre otros puntos.

Hoy las demandas están siendo estudiadas por una mesa de trabajo intersectorial de carácter técnico conformada por representantes de los ministerios de Defensa, Hacienda, Trabajo e Interior.

Pedro Naigual, representante de los ex conscriptos en Osorno, reveló a La Radio que están cansados de esperar de que se cumplan los compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera, en la que les prometieron buscar una solución reparadora en un tiempo prudente para que todos los ex soldados o las familias de aquellos fallecidos sean compensados o reciban beneficios sociales.

En lo que se refiere a las pruebas poco concretas, Naigual sostuvo que eso no es efectivo ya que además de exámenes médicos y psicológicos se han entregado otras pruebas que no necesariamente son de larga data.

Agregó que se les debe compensar por el maltrato físico y psicológico sufrido, consumo desmedido de la piedra alumbre, exceso de trabajo por muchos años más de los que correspondían y todo siendo menores de edad.

Misma visión que tiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Fidel Espinoza, quien sostuvo que todo se trata de una mentira por parte del Gobierno y que seguramente los tramitarán por meses para finalmente no entregarles nunca una solución.

Agregó que él como representante de los Derechos Humanos se reunirá con los ex conscriptos, pero advirtió que no pueden obligar al Gobierno que cumpla sus compromisos pero sí puede presionar, ya que no es posible que un mandatario llegue a la presidencia en base a mentiras, pues eso daña la credibilidad política del país.

Por su parte, Pedro Naigual concluyó con que aún no quieren tomarse las carreteras ni realizar manifestaciones, ya que están optando por el conducto del diálogo.

Sin embargo advirtió que de no conseguir respuestas tempranas la situación cambiará. De partida, dijo, se está solicitando hace semanas una reunión con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, pero hasta la fecha no han obtenido una respuesta satisfactoria.

Este sábado 11 de agosto, en Chillán se realizará una reunión con los reservistas de todo el movimiento nacional, en la que se dará a conocer el proyecto y los fundamentos de los 13 puntos que se presentaron a la mesa del trabajo que estudia la situación de los ex conscriptos.

En este sentido, esperan que la mesa de trabajo no se realice a puertas cerradas solo con las autoridades de gobierno sino que también con los afectados, que claman para que se haga justicia tal como ha ocurrido con otras organizaciones.