El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, informó este jueves que el gobierno ha adoptado la decisión de que no existan normas regulatorias sin que previamente sean avaluadas para justificar la eficacia de su implementación.
Asimismo, señaló que el gobierno avanza en la creación de una agencia de evaluación de las políticas públicas y que el ministerio que dirige está elaborando un proyecto de ley con esta finalidad.
Durante su participación en el ‘Taller de Capacitación en Evaluación de Impacto Regulatorio’, organizado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de RREE; con el patrocinio del foro APEC y el Gobierno de México, el Secretario de Estado explicó que “para alcanzar el desarrollo, es esencial contar con regulaciones que hayan sido adoptadas de forma informada y tras una evaluación adecuada de sus costos y beneficios. Para eso debemos modernizar el Estado y contar con las instituciones adecuadas para eso”.
En ese sentido, destacó que la División de Coordinación Interministerial y la División Jurídica de la Segpres están implementando antes del envío al Parlamento de cada proyecto de ley como de cada uno de los decretos, una evaluación de los beneficios y costos de cada iniciativa. Además, en conjunto con la Dirección de Presupuesto, antes de cualquier cambio institucional, se evalúa su conveniencia.
Agregó que dentro de los instrumentos de buenas prácticas regulatorias que recomienda la OCDE están las consultas públicas “con el fin de que los ciudadanos participen en la creación y modificación de las regulaciones. De esa forma, daremos más transparencia al proceso regulatorio y reforzaremos uno de los aspectos en los que trabaja con fuerza este gobierno: aumentar la participación ciudadana en todos los ámbitos del Estado”.
El titular de Segpres resaltó que “una mejor gestión del Estado tiene efectos directos en la superación de la pobreza y en el desarrollo social y hay estudios que muestran que poner las instituciones públicas de Chile al promedio de la OCDE, nos llevaría a un aumento del PIB de los actuales US$ 15 mil, a al menos US$ 20 mil”.
Destacó que “Chile ya ha avanzado mucho en cuanto a regulaciones de calidad y así lo demuestran los estudios internacionales. Sin embargo, sabemos que debemos seguir avanzando y nuestro gobierno está trabajando en ello”.
Por su parte, la directora (s) de Direcon, Ana Novik, sostuvo que “contar con un sistema de proceso regulatorio generará mayor eficiencia, transparencia y competitividad. Estos temas están constantemente en las agendas internacionales y para Chile es importante sentar las bases de una mejora regulatoria que en foros como APEC se ha reconocido como clave para que los flujos de comercio e inversiones entre los países funcionen mejor.”
