El gobierno uruguayo -que ha adoptado una política de “silencio” en el enfrentamiento diplomático con Argentina por presuntas irregularidades en torno al dragado de un canal binacional- respaldó el miércoles a un embajador cuestionado por ese país.
“Por ahora no va a haber opinión por parte del gobierno con respecto a los comunicados que ha emitido la cancillería argentina en nombre de su gobierno”, dijo el miércoles a periodistas el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.
“El presidente lo ha dicho claramente, es un momento de silencio y de trabajar. El silencio no significa ni aceptación ni no trabajar; al contrario, es evaluación seria, con mucha prudencia, tomar las cosas con mucha inteligencia y mucho trabajo”, sostuvo, añadiendo que el gobierno busca “encontrar los caminos que vuelvan a la normalidad algunos de los temas”.
Cánepa agregó no obstante que “el embajador Bustillo ha actuado dentro de las líneas que el gobierno ha establecido y por tanto tiene todo el respaldo del gobierno”.
El pasado domingo, el gobierno argentino pidió a Uruguay que suspendiera la inmunidad diplomática de Francisco Bustillo “en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros”, que la justicia argentina investiga por la importación en 2007 de autos deportivos con franquicia diplomática y en la que el uruguayo está mencionado junto a diplomáticos de otros países.
Bustillo preside actualmente la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP, binacional) y fue quien denunció un presunto intento de soborno para la renovación del contrato a una empresa para el dragado del río. En ese intento de coima habría participado un funcionario del gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández.
Las denuncias de presunta corrupción encresparon en las últimas semanas las relaciones diplomáticas entre los dos países, que intercambiaron duros comunicados, hasta que el gobierno uruguayo optó por no realizar más declaraciones públicas sobre el tema para bajar la tensión.
