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Organizaciones mapuche argumentan que el Gobierno no ha respetado el Convenio 169 de la OIT

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La serie de conflictos entre el Estado chileno y el pueblo mapuche que existen en la actualidad, tiene su principal epicentro en el territorio y en sus recursos naturales.

La explotación forestal, la construcción de centrales hidroeléctricas o el uso del mar para la pesca han estado siempre en la discusión, los que además se han ido incrementando en el último tiempo.

Las problemáticas, al parecer, están siendo reguladas por criterios distintos que mantienen los conflictos separados. Sin embargo, existe una ley que finalmente establece un marco para la relación entre el Gobierno y el pueblo Mapuche.

Esta conexión se refiere, al envió de una carta internacional- convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tras ser ratificada durante el gobierno de Michelle Bachelet, pasó a ser ley de la República dado su carácter vinculante.

Con ello, los pueblos originarios sumaron un nuevo argumento para sus demandas, principalmente por el hecho de que el 169 de la OIT establece un proceso de consulta, ante proyectos de inversión o modificaciones de leyes que afecten territorios indígenas.

Sin embargo, con el tiempo autoridades tradicionales, dirigentes y organizaciones mapuche han mostrado su decepción ante la ejecución que ha hecho el gobierno del Convenio 169. Así lo hizo ver Claudia Pailalef, consejera nacional indígena de la región de Los Lagos, quien reclamó que no se ha respetado lo establecido por la carta internacional.

A juicio de la consejera, el Estado chileno no utiliza el Convenio 169 y si lo hace es bajo criterios informativos, no estableciendo mecanismos reales de participación ni resolutivos, sobre todo en proyectos de inversión como los hidroeléctricos y respecto a los cuales ya existen conflictos, tal como en Pilmaiquen y el generado por las solicitudes de derechos de agua sobre diversos ríos de la provincia de Osorno en la Dirección General de Aguas.

Según Pailalef, en materia internacional el Gobierno se ampara bajo tratados, pero en el caso de los pueblos originarios no los respeta.

Por lo mismo, es que en el caso de las solicitudes de derechos de agua sobre más de 170 causes de agua de la provincia de Osorno y que tienen fines hidroeléctricos, Pailalef llamó a la Dirección General de Aguas a acoger lo planteado por el Convenio 169.

A juicio de Pailalef, de no utilizarse dicho de proceso de consulta se continuará con la dinámica de siempre y que es finalmente que no se escucha a los pueblos originarios, generándose posteriormente serios conflictos, tal como en otras zonas del sur del país, donde la violencia y la cárcel son el principal argumento para deslegitimar la demanda indígena.

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