El primer juicio penal en Argentina por el uso de agroquímicos considerados causantes de malformaciones en bebés y niños y decenas de casos de cáncer ingresa en su etapa final en la provincia de Córdoba (centro), dijo una querellante este lunes a la AFP.

“Estamos ansiosos que salga una sentencia que nos sea favorable. Este juicio puede sentar un antecedente importante, no sólo para Argentina sino para toda América Latina”, dijo Sofía Gatica, 44 años, denunciante en la causa.

El tribunal escuchará el martes los alegatos de la fiscalía, la acusación y la defensa antes de dictar sentencia, lo que “seguramente será el lunes o martes de la semana próxima”, dijo a la AFP Miguel Martínez, abogado querellante.

En el banquillo están sentados los productores de soja Francisco Parra (57 años) y Jorge Gabrielli (51), acusados de instigadores de contaminación dolosa agravada, junto al piloto de avión Eduardo Pancell (54), imputado como presunto autor del mismo delito.

Martínez anticipó que los imputados pueden ser condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión por violar el derecho medioambiental, pero además quiere que “el delito sea considerado de lesa humanidad por su carácter sistemático y permanente”.

Peritos, científicos, biólogos y médicos, además de las víctimas, desfilaron ante el tribunal durante el juicio que se inició a mediados de junio.

Los querellantes intentan probar que fumigaciones ilegales dieron origen a los residuos de plaguicidas hallados en el suelo y en la sangre de pobladores del barrio Ituzaingó, de 6.000 habitantes, en la periferia sureste de Córdoba.

La ciudad de Córdoba, de 1,3 millones de habitantes, es la capital de la provincia homónima que está entre las zonas más fértiles de Argentina, país que, con unos 19 millones de hectáreas cultivadas con soja, es el primer exportador mundial de aceite y harina de la leguminosa y tercero del grano.

Entre 2001 y 2010 se encontraron 193 casos de cáncer entre los vecinos, además de otras malformaciones como púrpura o labio leporino, aseguró el abogado, cuya eventual vinculación con la fumigación se establecerá con la sentencia.

La contaminación fue comprobada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un informe elaborado en 2007, mientras que una comisión investigadora formada por el gobierno en 2009 dio cuenta de que “el 33% de los habitantes del barrio muere por tumores”, dijo Gatica.

El uso de agroquímicos, entre ellos el glifosato, está ligado en Argentina al modelo denominado “siembra directa”, que revolucionó la producción agrícola con el empleo de fertilizantes.

La lucha de Gatica, que vivió en el barrio Ituzaingó hasta hace 18 meses, comenzó a finales de 2001 luego de que su beba de tres meses, su cuarta hija, muriera por una malformación congénita de riñón.

“Estoy pidiendo justicia, que nos dejen de enfermar y matar, aunque nadie me va a devolver a mi hijita muerta, ni le va a devolver la salud a mi otra hija de 17 años, que tiene agroquímicos en la sangre, ni a mi hijo, de 14, que estuvo un tiempo sin caminar”, afirmó desde Córdoba, 700 km al norte de Buenos Aires.

La mujer ha denunciado por más de una década el uso de agroquímicos que durante años fueron arrojados sobre sembradíos de soja que se extendían hasta pocos metros de las viviendas, pese a dos ordenanzas que prohíben la fumigación a menos de 2.500 metros del barrio.

Según Gatica, un caso emblemático es el de la familia Olariaga: la madre quedó sorda por un tumor en la cabeza y dos hijos murieron, Ezequiel que tenía 23 tumores y murió durante su tercera operación a los 26 años y Débora que falleció a los 28 por la misma enfermedad.

En un juicio anterior enmarcado en el fuero civil en Santa Fe (centro-este), otro poderoso polo agrícola, un tribunal prohibió fumigar con agroquímicos en cercanías de una población, mientras el de Córdoba se desarrolla en el ámbito penal, que implica condenas a prisión.

La cosecha argentina de soja de la campaña 2011-2012 se calcula en más de 40 millones de toneladas y es una de las principales fuentes de ingreso del país.