El Tribunal Supremo Federal inició el jueves un histórico juicio contra 38 acusados de un escándalo de corrupción política en Brasil, que hizo tambalear el gobierno del expresidente Luiz Lula da Silva (2003-2010).

La corte determinará en las siguientes semanas la responsabilidad de exministros, exdiputados y empresarios en una red de compra de votos en el Congreso que operó entre 2002 y 2005, según la fiscalía.

Esto habría involucrado a dirigentes históricos del PT, el Partido de los Trabajadores que gobierna Brasil desde hace casi diez años. El presidente del Supremo, el magistrado Ayres Britto, abrió la audiencia pública leyendo los nombres de los acusados.

Conocido como el ‘mensalao’ (mesada que supuestamente recibían los parlamentarios por su apoyo al gobierno), el caso empezó a ser investigado siete años atrás y es el más importante jamás juzgado por el máximo tribunal.

Durante la jornada, está prevista la lectura de un informe general de la causa por parte del magistrado a cargo del caso, Joaquim Barbosa, seguido de la presentación de las acusaciones por parte del fiscal general.

Los 38 acusados -todos libres- deberán responder por asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión.

Se prevé que las primeras sentencias se empiecen a conocer a mediados de setiembre.

Los 38 acusados deberán responder por un sofisticado plan para comprar apoyos en el Congreso bajo el primer gobierno de Lula (2003-2006) y saldar cuentas de la campaña electoral de 2002 que lo llevó al poder, según la acusación que examinarán los 11 magistrados.

Fundador y líder del PT, Lula fue excluido de la causa penal y negó siempre conocer la existencia de dicho esquema, se declaró traicionado y ofreció disculpas públicas en la época.

Lula logró sobreponerse al escándalo y fue reelegido por un segundo período consecutivo que se extendió hasta diciembre de 2010. Su heredera política, Dilma Rousseff, lo sucedió en el poder.

No obstante, el expresidente de 66 años -que se recupera de un cáncer de laringe diagnosticado el año pasado- volverá a estar en primera plana por las eventuales vinculaciones que puedan surgir a lo largo del proceso, que podría incluso incidir en las elecciones municipales de octubre.

El juicio implica a dirigentes de larga data del PT, incluidos tres ex ministros: José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de Transportes), y casi una docena de excongresistas de cuatro partidos que conformaron la base aliada de Lula.

Dirceu, exhombre fuerte del primer gobierno del exmandatario, es el principal acusado en el escándalo. La fiscalía lo señala de ser el jefe de la red de corrupción política y enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión.

El caso estalló en 2005, cuando el entonces diputado aliado Roberto Jefferson (PTB, Partido Laborista Brasileño, centro), molesto por una mala repartición del poder, reveló a la prensa la existencia de un esquema de corrupción en el PT.

El esquema del ‘mensalao’ -término acuñado por Jefferson, uno de los 38 acusados- funcionaba a través de un publicista dueño de varias empresas, Marcos Valerio de Souza, que logró contratos para realizar campañas del gobierno.

Los recursos no utilizados en esas campañas eran entregados a parlamentarios o sus asesores, al tiempo que de Souza contraía préstamos con bancos privados y públicos que iban a parar a los cofres del PT, según la fiscalía.

El escándalo generado por las denuncias es el más grave desde la renuncia del expresidente Fernando Collor de Melo, en 1992, por corrupción. El exmandatario (1990-1992) decidió dimitir antes de enfrentar un juicio de destitución en el Parlamento.