Diputados oficialistas y opositores valoraron la indicación sustitutiva que el gobierno introdujo al último proyecto de ley para regular el Lobby, que ingresó al poder legislativo el año 2008, pero nunca fue tramitado.
El punto central de la propuesta es obligar a los funcionarios públicos, incluidos quienes laboran a honorarios, a revelar el registro de las audiencias que les son solicitadas por personas naturales y jurídicas y el motivo de las mismas.
Los parlamentarios coinciden en que es una muy buena idea desde el punto de vista de la transparencia, pero también concuerdan en que no aborda la regulación del lobby.
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, Cristián Monckeberg, dijo que esto es urgente por tratarse de una actividad legítima y muy desarrollada, pero sin marco normativo.
Además el legislador de Renovación nacional manifestó que para eso no basta avanzar en transparencia.
Para el diputado demócrata cristiano Jorge Burgos, quien también valoró la iniciativa de La Moneda, ésta regula la actividad desde la perspectiva del sujeto pasivo, es decir, sobre quien se ejerce el Lobby.
El integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja agregó que, por lo tanto, falta la norma para el sujeto activo, que debe incluir registros de lobbystas, prohibiciones y sanciones, entre otras materias.
Ha pasado casi una década desde el primer proyecto para regular esta actividad que presentó el año 2003 el propio Burgos, quien dijo que ha faltado voluntad para avanzar en este ámbito.
Para el gobierno, el proyecto cumple con la función de regular el lobby al transparentar las instituciones o personas que lo practican. Advirtió que si bien está abierto al debate, no modificará lo medular de la iniciativa.
