Cerca de 79,5 millones de mexicanos están convocados a elegir este domingo a su presidente para el periodo 2012-2018 en un ambiente de violencia y la visceral oposición de parte de la población al favorito en las encuestas, Enrique Peña Nieto, del ex hegemónico PRI.

Tras tres meses de campaña y tres jornadas de reflexión en las que ha estado prohibido todo tipo de propaganda electoral, este domingo abrirán más de 143.000 mesas de votación en todo el país.

Todas las encuestas pronosticaron este miércoles, el último día en que se pudieron difundir, una victoria en la elección, que no tiene segunda vuelta, del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), formación que gobernó el país de 1929 a 2000, por una ventaja que variaba entre 10 y 17 puntos.

Asimismo, otorgaban el segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador, aspirante de la coalición de izquierda Movimiento Progresista que hace seis años quedó también segundo pero con una diferencia del 0,56% de los votos, y el tercero a Josefina Vázquez Mota, del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN, derecha).

Sin embargo, y a pesar de las garantías dadas por el gobierno y las autoridades electorales, persisten muchas suspicacias sobre la limpieza de los comicios.

López Obrador, que en 2006 se negó a reconocer la derrota y denunció un fraude, ha vuelto a plantear algunas dudas sobre el presente proceso electoral.

En los últimos días se han multiplicado las denuncias de los partidos por compra de votos, robo de urnas, reparto de alimentos con fines electorales, promesas de programas sociales condicionados y coacción del sufragio.

Están dirigidas sobre todo contra el PRI, pero también contra el PAN y la coalición Movimiento Progresista. El probable retorno del PRI al poder, del que fue desalojado hace 12 años envuelto en un aura de autoritarismo y corrupción, ha provocado reacciones airadas en algunos sectores de la sociedad mexicana.

México llega a estos comicios -en los que también se renovarán las dos cámaras del Congreso y se elegirán seis gobernadores, el jefe de gobierno de la capital, 579 diputados y más de 900 alcaldes- sumido en una ola de violencia generada por los cárteles del narcotráfico que ha dejado más de 50.000 muertos desde diciembre de 2006.

En la campaña electoral la inseguridad sólo se ha manifestado a nivel municipal, aunque en la última semana algunos actos de violencia han sacudido el país. Algunos candidatos a alcaldes han renunciado tras sufrir amenazas, al menos dos han visto sus casas tiroteadas y otro fue secuestrado el pasado lunes por hombres armados y liberado dos días después.

La alcaldesa de una localidad de Veracruz (este) fue igualmente raptada el pasado domingo y apareció muerta cuatro días después; el lunes, tres policías fueron asesinados por compañeros corruptos en pleno aeropuerto de Ciudad de México y el viernes explotó una granada frente al ayuntamiento de la ciudad de Nuevo Laredo (noreste), fronteriza con Estados Unidos, dejando siete heridos.

El ejército, que está encargado de proteger en todas las elecciones el material electoral, los centros de escrutinio de voto y las urnas con los sufragios, anunció que el domingo patrullará las zonas más castigadas por la delincuencia.