Un llamado al presidente de la república Sebastián Piñera y a los parlamentarios a escuchar las demandas del sector de la pesca artesanal y llegar pronto a un consenso, realizó el representante de la Federación de Pescadores de San Juan de la Costa, Rubén Casanova.

El presidente de la organización reveló a Radio Bío-Bío que durante la jornada de este martes viajaron hasta la capital regional en Puerto Montt a entregarle al intendente Juan Sebastián Montes, una carta en rechazo a la ley de pesca.

Casanova sostuvo que se le entregó el petitorio y que no es la primera carta que se le hace llegar, y que si bien agradecen su buena voluntad mostrada durante la reunión, esperan que esta vez Montes sí los ayude y haga algo más que patrocinar la misiva, de lo contrario no harán caso a su petición de que la pesca artesanal busque el diálogo y no salga a la calle.

El dirigente pesquero reveló también a Radio Bío-Bío que si el presidente Piñera no los recibe, todo el país se paralizará, ya que la región de Los Lagos está siendo presionada por las demás regiones y organizaciones que pertenecen a la Comisión Nacional que en total agrupa a más de 50 mil pescadores artesanales.

Rubén Casanova agregó que la famosa “Ley Longueira”, como ha sido denominada, es un problema de todo el país ya que está en peligro la salud alimenticia de todos los chilenos, por lo que hizo un llamado a los parlamentarios que se encuentran discutiendo la iniciativa, a recordar que si no se hubiesen movilizado, la ley se habría aprobado tal como fue ingresada y se le habrían entregado los recursos a las mismas 7 familias por 30 años.

Les advirtió además, que si no son apoyados llamarán a los más de 50 mil pescadores a votar cruzado en las próximas elecciones municipales y parlamentarias.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la cámara de diputados y parlamentario por esta zona, Fidel Espinoza, sostuvo que se está avanzando y que junto a un grupo de parlamentarios han presentando una indicación al Ejecutivo en el que se establece la obligación de proteger los derechos de las comunidades indígenas costeras.

Concluyó Espinoza con que el gobierno debe entender que el convenio 169 tiene que ser respetado, que hay que proteger los derechos y poner limitaciones a la pesca de arrastre y que hay por lo menos un mes más de sesiones parlamentarias para discutir el tema pesca, sesiones que por lo demás son televisadas a través de la televisión por cable, con el propósito de que los interesados puedan verlas.