Gonzalo Yussef, director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), aseguró que él tiene la certeza que los jóvenes acusados de colocar bombas en Santiago son culpables, pero que un juez “garantista” desecho muchas pruebas, lo que generó que se perdiera el juicio.

Además, indicó que ha entregado más de 500 informes de este caso a La Moneda, y aseguró que quienes están tras los bombazos son los mismos que están implicados en el crimen del cabo de Carabineros, Luis Moyano, ocurrido el año 2007.

El director de la ANI, el abogado Gonzalo Yussef, militante de Renovación Nacional, llegó hasta el Congreso Nacional con un libro de filosofía y una carpeta con material secreto, entre sus manos.

Tranquilo, comenzó su declaración frente a los 7 diputados de la Comisión Investigadora del Caso Bombas que estaban presentes en la sala Ines Enríquez de la Cámara.

Poco a poco, comenzó a revelar informaciones y opiniones que irritaron a los congresistas.

Primero, señaló que tiene la convicción que los jóvenes acusados de la colocación de bombas en la capital, y que hace poco fueron absueltos del delito de terrorismo por la justicia, si tienen vinculación con la detonación de artefactos explosivos.

Luego, acusó que el Caso Bombas se perdió en la Justicia porque un Tribunal “garantista” desechó las pruebas, en directa alusión a las miles de pruebas descartadas por el Juez Luis Aviles el año pasado.

Sumado a esto, aseguró que los imputados en el caso tienen directa relación con quienes asaltaron el Banco Security el año 2007, acción que terminó con el asesinato del Cabo de Carabineros Luis Moyano.

Además de los antecedentes aportados por el director de la ANI, Gonzalo Yussef, este hizo circular entre los congresistas la carpeta que portaba, la que contenía imágenes de diversos seguimientos efectuados a sospechosos de la causa.

En la Concertación señalaron que ese material era secreto, y que sólo había sido revisado por quienes participan de la llamada Comisión de Inteligencia, instancia secreta de los diputados que se encarga de fiscalizar a la ANI.

El diputado demócrata cristiano, René Saffirio, le pidió al Presidente Sebastián Piñera, que tome medidas con Yussef.

Sumándose a los cuestionamientos, el diputado PPD, Felipe Harboe, preguntó porque si Yussef tiene la certeza de quienes colocan las bombas, en la justicia no se ha podido probar nada.

El único diputado que defendió la actuación de Yussef, fue el UDI, Arturo Squella, quien aseveró que se abre una nueva arista en este caso, debido a la ligazón entre el asesinato del Cabo Moyano con el Caso Bombas.

Según la ANI, 167 bombas han detonado en Santiago desde el año 2006, cuyos responsables viven en casas okupa, responden a una corriente del anarquismo, la “insurreccional”, y fueron formados por ex militantes del Movimiento Juvenil Lautaro, quienes mientras estaban en prisión, el año 1996, formaron el colectivo Kamina Libre, desde donde habrían influido en una nueva generación de subversivos.

Durante la sesión de este lunes de la Comisión Investigadora del Caso Bombas, también entregó su declaración el mayor de la DIPOLCAR de Carabineros, Eduardo Witt Sánchez, quien se retractó de su declaración judicial, donde había afirmado que el fiscal Francisco Jacir dictó parte de la declaración de Gustavo Fuentes Aliaga, un imputado clave de la causa, quien habría delatado a otros supuestos involucrados en la colocación de bombas.

Ahora, Witt Sánchez aseguró que Jacir sólo se limitó a transcribir lo que Fuentes Aliga decía.