El ministro de Economía, Pablo Longueira, dijo tener la conciencia tranquila y nada que temer ante el fallo de la Contraloría General de la República que estableció que pudo haber cometido delito al entregar a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el controvertido video sobre los efectos del terremoto y maremoto del 2010 en el Archipiélago Juan Fernández.
El organismo fiscalizador se declaró incompetente para pronunciarse sobre el tema, pero remitió al Ministerio Público los antecedentes de una denuncia que presentó el diputado demócrata cristiano Gabriel Silber.
En el video quedaron registradas las conversaciones telefónicas del alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, y de un carabinero con la entonces presidenta Michelle Bachelet, cuando le informaban el devastador efecto de la tragedia en ese territorio insular.
El jefe comunal entregó el video a Longueria, quien lo proporcionó a la comisión parlamentaria.
En su presentación, Silber acusó a ambos de violar el artículo 175 del Código Penal, que obliga las autoridades que tengan conocimiento sobre hechos que puedan constituir delito a ponerlos a disposición de la justicia en un plazo de 24 horas.
Dado que el caso también están siendo investigado por la justicia, el Contralor Ramiro Mendoza afirma en su dictamen que no tiene competencia para pronunciarse, pero admite que las circunstancias descritas por el legislador DC “importan hechos que podrían significar la eventual configuración de un delito”.
El ministro Longueira manifestó que tiene la conciencia tranquila y desconoció el plazo legal que tenía para entregar el video al poder judicial, de acuerdo a lo que señala el Código Penal.
Desde el Gobierno, el Vocero de La Moneda, Andrés Chadwick, estimó que no hay ilícito en la conducta del ministro Logueira y del alcalde González y acusó al diputado Silber de presentar los hechos como una caricatura para hacer una teleserie.
El ministro Chadwick consideró legítimo el derecho del diputado Silber a hacer su presetación a la Contraloría, “de la misma forma -dijo- en que la Cámara de Diputados ha estado en su legítimo derecho al hacer las comisiones investigadoras que corresponda”.
