El ex ciclista estadounidense Lance Armstrong, acusado de dopaje por la Agencia estadounidense Antidopaje (USADA) “no corre el riesgo” de enfrentar un proceso penal paralelo o como consecuencia del primer procedimiento, señaló el jueves a la AFP un experto en derecho deportivo.

Michael McCann, profesor de derecho y director del instituto de derecho del deporte en la Universidad de Vermont (noreste), dijo que los principales contratiempos que puede sufrir el exciclista pasan por una decisión adversa sobre su participación en las pruebas de triatlón que actualmente disputa y sobre los títulos alcanzados durante su carrera.

El especialista advirtió que en función de lo conocido Armstrong tampoco corre peligro de enfrentar algún tipo de multa y dijo que se trata de su reputación.

McCann explicó que la USADA tomó la determinación de ir contra Armstrong porque sus plazos para actuar sobre sus victorias en el Tour de France iban a expirar y, además, aparentemente la Agencia dispone ahora de nuevos elementos que hacen más contundente su dossier.

“Pero la Agencia no es el gobierno federal. Es una organización sin fines de lucro y esto es una distinción importante. La gente dice que es acusado por el gobierno y esto es falso. Se trata de una organización no gubernamental financieada a nivel federal, pero que no tiene el poder de inculpar”, precisó el experto.

McCann dijo igualmente que los casos de Armstrong y el exbeisbolista Roger Clemens son diferentes porque este último está ante una “situación mucho más difícil”.

De acuerdo al experto, si Clemens es encontrado culpable podría ir a prisión porque se encuentra procesado mientras que el caso del exciclista va a pasar ante una comisión de artitraje.

El Departamento de Justicia, que investigó a Armstrong, escogió no procesarlo y no presentó suficientes elementos de prueba para obtener la inculpación de un gran jurado, al tiempo que el pelotero fue inculpado y su caso debe ser resuelto por la justicia.

McCann explicó, sin embargo, que no existe ningún obtáculo jurídico que impida al Departamento de Justicia reabrir la instrucción.

“Pero eso me sorprendería. Invirtieron dos años, mucho dinero de los contribuyentes, mucho tiempo y no lo inculparon”, concluyó.