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Fallo judicial reconoció por primera vez matrimonio homosexual en Uruguay

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La justicia uruguaya reconoció por primera vez un matrimonio entre dos personas del mismo sexo celebrado en España, lo que según organizaciones de defensa de la diversidad sexual habilita una nueva vía de reconocimiento para el casamiento homosexual.

En el fallo, al que accedió la AFP, la jueza de familia María Cristina Crespo resuelve reconocer un matrimonio celebrado en España el 12 de agosto de 2010 entre dos hombres “con plena eficacia y validez” en Uruguay.

El reclamo de la pareja había sido rechazado inicialmente, en febrero de 2011, por un juez de primera instancia que consideró el planteo “improponible”, pero esa resolución fue apelada.

Ahora la jueza Crespo cita la ley sobre unión concubinaria, aprobada en 2007 y que legalizó las uniones civiles de parejas homosexuales, y la de identidad de género, que habilitó el cambio de nombre y sexo en 2009, para afirmar que el ordenamiento jurídico uruguayo “habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque no lo diga expresamente”.

Según Crespo, la resolución “es conteste con la intención y el espíritu” de la ley de identidad de género, “que no son otros que los de proteger a las personas de la discriminación por razones de orientación sexual y el cumplimiento de las normas de Derechos Humanos que las protegen”.

“La sentencia es histórica por varias aristas”, dijo a la AFP la abogada Michelle Suárez, que representó a la pareja homosexual integrada por un uruguayo y un español, que residen parte del año en Uruguay y otros meses en Europa.

Suárez citó la “discriminación directa” de parte del Estado hacia los matrimonios de homosexuales casados en el extranjero a la hora de legalizar su situación para residir en Uruguay.

Por ejemplo, “en Migración no se podían acreditar los modos de vida de quien no trabajaba, con el trabajo del cónyuge, porque las partidas de matrimonio no se inscribían en el Registro Civil”, explicó.

Esto implicaba que además se les negaran los derechos filiatorios, indicó. “Los hijos que tuviesen, biológicos o adoptados, no tenían los apellidos de los padres en el país, por lo tanto estaban indocumentados”, lo que limitaba su ingreso a la escuela o el sistema de salud, añadió.

“Por otra parte, (la sentencia) genera una paradoja: hay ciudadanos que no se pueden casar en nuestro país, pueden viajar a Argentina, casarse y pedir el reconocimiento en Uruguay”, sostuvo.

La vecina Argentina se convirtió en 2010 en el primer país de América Latina en autorizar el matrimonio homosexual a nivel nacional, luego que Ciudad de México habilitara este tipo de unión a fines de 2009.

Para la abogada, la resolución judicial “muestra a las claras que hay un enorme vacío legal y deja un poco en ridículo al Poder Legislativo”.

Según Suárez, esto “tira por tierra 40 años de jurisprudencia” y puede tomarse como un fundamento para pedir otros reconocimientos en el mismo sentido.

Por su parte, Diego Sempol, del colectivo Ovejas Negras, que reúne a lesbianas, gays y travestis (LGBT), coincidió en que ahora “más que nunca es prioritario que el Poder Legislativo avance en el proyecto de matrimonio igualitario que tiene desde el año pasado a estudio en la Comisión de Constitución y Códigos”.

Hace casi un año, el 28 de junio de 2011, organizaciones sociales lanzaron la campaña “Uruguay por el matrimonio igualitario” con la meta de promover un proyecto de ley que habilitaría el casamiento entre homosexuales, aunque desde entonces éste no ha salido de la comisión legislativa.

El proyecto, elaborado por el gobernante Frente Amplio (izquierda, en el poder desde 2005) modifica la institución matrimonial para convertirla en una “unión monógama libre”, celebrada entre dos personas, sin hacer distinción de sexo o género.

Sempol confió en que la flamante decisión judicial acelere el trámite parlamentario, “porque de alguna forma pone de relieve que la justicia y la sociedad están mucho más avanzados de lo que hoy por hoy los parlamentarios parecen estar dispuestos a asumir”.

En los últimos seis años Uruguay legalizó la unión civil de parejas homosexuales y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, además de habilitar el cambio de nombre y sexo y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas.

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