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SIP repudia agresiones contra periodistas en Argentina y Venezuela

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el miércoles las recientes agresiones contra periodistas en Argentina así como las amenazas y ataques a reporteros y medios en Venezuela, dijo la organización patronal de medios en su sede en Miami.

La SIP pidió al gobierno argentino investigar y procesar a los responsables de las agresiones contra el periodista Julio Mosle, la fotógrafa Florencia Downes y el conductor Federico Molinari, los tres de la agencia estatal de noticias Télam, así como el reportero gráfico Mariano Vega, del diario oficialista Tiempo Argentino y un reportero del matutino Crónica.

Según un comunicado del organismo, estos comunicadores fueron perseguidos y golpeados, cuando cubrían el martes un caso de presunta negligencia médica en el Hospital de Trauma Claudio Zin, del municipio de Malvinas Argentinas, en Buenos Aires.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, repudió las agresiones y agregó que “es obligación del Estado actuar de oficio e investigar los hechos y así como proteger el derecho a la libertad de prensa y de expresión”.

Mohme dijo que el organismo era consciente de “la preocupación de la presidenta Cristina de Kirchner de que la SIP se pronuncie por estos casos, temas por los cuales nuestra organización siempre clama para que se garantice y proteja el derecho al libre ejercicio de la actividad periodística, sin distinción de la filosofía o línea editorial que practiquen los periodistas y medios de comunicación”.

Pero, agregó, “también es importante que el Estado no discrimine a la hora de proteger a todos los periodistas y medios ante cualquier tipo de agresión a la libertad de informar”.

Sobre Venezuela, la SIP reclamó una investigación por los ataques perpetrados en las últimas semanas contra periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos, El Universal, Versión Final, Qué Pasa y Catatumbo TV.

El organismo exhortó a las autoridades de ese país a identificar y procesar a los responsables como “única fórmula” para prevenir la violencia.

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