La Organización de los Estados Americanos (OEA) inaugura el domingo el 42 período de sesiones de su Asamblea General con el tema de la seguridad alimentaria en primer orden de la agenda, pero con un fuerte debate sobre las reformas de la CIDH como telón de fondo.

A Tiquipaya comenzaron a llegar el sábado cancilleres, embajadores y jefes de misión, aunque por el momento no hay una lista final y oficial de participantes.

Tiquipaya, que en voz quechua significa “lugar de las flores”, está en los valles del centro de Bolivia a 2.500m de altitud en un clima templado, y será el escenario de discusión de los 34 países del hemisferio que conforman la OEA.

Varios países de la región han levantado con anticipación voces para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), irritados por sus decisiones.

Los cancilleres de Brasil y Venezuela ratificaron en Rio de Janeiro y Caracas sus observaciones a la CIDH.

El jefe de la diplomacia brasileña Antonio Patriota afirmó que su país buscará, “en coordinación con otros países, (…) introducir reformas que garanticen la legitimidad del trabajo” de la Comisión, durante una conferencia de prensa.

El gobierno de Dilma Rousseff cuestionó el año pasado un pedido de la CIDH para que detenga la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en la selva amazónica, tras emitir medidas cautelares a favor de los indígenas que se verían afectados con el megaproyecto.

Por su parte, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, señaló que durante la cita del domingo su país presentará un documento y hará “una exposición central sobre la decadencia (…) del sistema interamericano de derechos humanos, sus instituciones y de cómo tanto la Comisión (CIDH) como la Corte (IDH) están plegadas a los intereses de Estados Unidos”.

El 30 de abril el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que su país se retiraría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aduciendo que es un organismo supeditado a intereses estadounidenses para torpedear su gobierno.

Otros países también se han sumado a las críticas, como Ecuador por el caso del presidente Rafael Correa contra el diario El Universo, y Perú por el de los guerrilleros muertos en el asalto a la residencia del embajador de Japón en 1997.

Sin embargo, otros países, liderados por Estados Unidos y Canadá, se han mantenido alertas contra cualquier debilitamiento del sistema interamericano de derechos humanos, compuesto por la CIDH y la Corte Interamericana.

El secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, reiteró nuevamente el sábado en Tiquipaya que la CIDH debe fortalecerse.

“No hemos hablado precisamente de reformas, sino de fortalecimiento, porque no queremos dar la impresión de que se van a reducir o eliminar determinadas atribuciones de ninguno de los organismos del sistema”, afirmó Insulza en una rueda de prensa junto al anfitrión, el canciller David Choquehuanca.

Según el responsable de la OEA, “queremos un sistema en el cual hayan las condiciones para que las resoluciones judiciales de la Corte y las recomendaciones de la Comisión puedan cumplirse, cuando los países quieren un sistema que tenga capacidad y desarrollo autónomo”.

Sin embargo, Insulza fue claro en indicar que “no se va a imponer alguna reforma o transformación”, sino que el objetivo es mantener un diálogo.

En la 42 Asamblea de la OEA también figuran temas como el reclamo de Argentina por la soberanía de las islas Malvinas en su diferendo con Gran Bretaña, y el regreso de Cuba al organismo reclamado por varios países a pesar del rechazo de La Habana.

El centenario diferendo marítimo boliviano-chileno es otro de los temas en agenda: La Paz pretende usar el foro para reclamar una salida útil y soberana al Océano Pacífico, pero Santiago insiste que entre los dos países no hay asuntos pendientes.

El presidente Evo Morales dijo días atrás que “las Malvinas para Argentina y mar para Bolivia” serán dos temas que enarbolará el país anfitrión.

Sin embargo, el canciller de Chile, Alfredo Moreno, anticipó que la cita hemisférica no emitirá una resolución sobre la causa marítima, además de que aseguró que la OEA carece de competencia en un asunto bilateral.

La seguridad policial en Tiquipaya, vecina de la ciudad de Cochabamba y de unos 90.000 habitantes, es nutrida: los uniformados están ubicados en las principales avenidas y bocacalles e impiden el tráfico de automotores sin autorización.