Arde la polémica en el Congreso Nacional por las declaraciones de Colbún, tras su retiro del proyecto HidroAysén, sobre la falta certeza jurídica para invertir en el país.

Mientras algunos legisladores apoyan los términos del reclamo otros acusan al Gobierno de carecer de una política energética que resuelva estos problemas antes de llegar a tribunales, se anuncia crisis energética para 2015.

La desición de Colbún, la generadora del grupo Matte, de postergar la tramitación ambiental de la línea de transmisión de HidroAysén y de acusar que en Chile falta certeza para invertir en proyectos energéticos no pasó desapercibida en el Congreso.

El diputado UDI, Ernesto Silva, presidente de la comisión de Hacienda, deja claro que Chile tiene reglas claras para invertir sin embargo reconoce que los proyectos que afectan al medioambiente y las personas se ha judicializado demasiado.

Juan Carlos Latorre, diputado Demócrata Cristiano y miembro de la comisión de Minería y Energía, estima que las críticas de la empresa están dirigidas al Gobierno y, en especial, al Presidente de la República, por su intervención personal para evitar la instalación de la termoléctrica Barrancones, en Punta de Choro, en agosto de 2010.

Como una presión ilegítima sobre los tribunales del país calificó estas declaraciones el diputado DC, Fuad Chahín, de la comisión de Economía, ya que Colbún estaría buscando un vía rápida para aprobar sus proyectos.

El diputado de Renovación Nacional, Mario Bertolino, de la comisión de Minería, concuerda plenamente con las dudas planteadas por Colbún, porque en el último período los proyectos aprobados por la administración pública han sido llevados a los tribunales pasando a llevar los permisos otorgados válidamente.

Hidroaysén aún no define si desistirá indefinidamente de seguir adelante con el proyecto para la línea de transmisión, algo que será decidido en una próxima reunión de directorio en el que participará Colbún y Endesa, los dos socios del proyecto.