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HidroAysén: El lobo se cubre de oveja

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Sin lugar a dudas que una de las noticias que marcó la agenda la semana recién pasada, fue la recomendación del directorio de Colbún a HidroAysén S.A para que suspenda de manera indefinida el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión, que inyectaría la energía generada por las centrales que componen el proyecto al Sistema Interconectado Central.

Inmediatamente surgieron voces y cánticos de victoria, de quienes -ilusoriamente- piensan que se trata del fin de una de las iniciativas energéticas que mayor polémica ha causado en el último tiempo.

Sin embargo, una lectura entre líneas devela las reales intenciones tras el anuncio, que está lejos de representar el fin de HidroAysén.

Según se indicó por parte de la empresa, “mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad”.

Por otro lado, señala que “será misión de los poderes ejecutivo y legislativo consensuar los cambios institucionales y regulatorios necesarios para viabilizar los proyectos de generación y transmisión que demanda el desarrollo económico y social de Chile”.

En palabras más sencillas, lo que hizo la empresa fue dejar de lado su política de lobby soterrado, y simplemente emplazar de manera directa al presidente Piñera -que ellos sienten se debe al empresariado- para que inicie la denominada “carretera eléctrica”.

Esta iniciativa tiene como fin ahorrarle al proyecto la construcción de 900 kilómetros de líneas de transmisión desde la Patagonia, evitando enfrentar largos y tortuosos procedimientos en la instancias medio ambientales.

De esta forma, HidroAysén simplemente simula estar retrocediendo, cuando en la práctica está moviendo los hilos desde una perspectiva distinta que le permitirá esperar a que el Estado, con los recursos de todos los chilenos, le permitan culminar este proyecto.

Y como si esto fuera poco, ya ingresó al Congreso el proyecto de ley para concesiones eléctricas llamado “Ley Fast-Track”, que permitirá acelerar las concesiones a favor de quienes las soliciten, en desmedro de los ciudadanos o incluso sectores productivos o turísticos que se vean afectados.

Algunos argumentan que la generación de energía actual no alcanzará a cubrir las necesidades de un país en desarrollo como el nuestro, y que prácticamente estamos condenados a un racionamiento.

Pero no hay que dejarse engañar. La energía generada en el sur va en directo beneficio de las empresas mineras ubicadas al norte de Santiago, cuyos dueños mantienen estrechas relaciones comerciales con quienes están detrás del proyecto energético que ha generado un amplio rechazo ciudadano.

En ese sentido cabe preguntarse si es válido que una empresa decida acerca de recursos naturales que son de todos los chilenos, pese a que se escude falsamente en que este proyecto va en directo beneficio de los ciudadanos, en lo que pareciera ser un mal hábito en esta parte del mundo.

Aunque más allá de la respuesta lógica a lo anterior, es menester enfocarse en la estrategia de Colbún de usar a la política para lograr sus objetivos, y en el impacto que esto supone para quienes sólo tenemos el puño y la voz en alto para defendernos.

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