En 45 días se amplió el plazo de investigación de los delitos de corrupción pública en el municipio de Hualpén. La petición del Ministerio Público fue acogida por el Juzgado de Garantía de Talcahuano, luego de argumentarse la necesidad de diligencias, tales como informes desde el Servicio de Impuestos Internos que debieran dar luces de un eventual lavado de activos.

Fueron dos horas de audiencia donde se discutió la ampliación del plazo de investigación en el caso Rivera, solicitada por la fiscalía en relación a diligencias pendientes que corresponden a peritajes del reloj control municipal de Hualpén por las horas extras que se investigan desde 2008, para constatar el pago de ellas eventualmente irregular.

Además, hay un informe pendiente del Servicio de Impuestos Internos y otro de patrimonio encargado a la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac).

El fiscal Patricio Aravena se mostró satisfecho con el nuevo plazo de 45 días, pese a que la solicitud se elevaba por los 60:

Por su parte, el abogado particular Remberto Valdés, quien representa al director de Obras Municipales de Hualpén, Gastón Sanhueza, imputado por cohecho, pidió la separación en la causa de su cliente, lo que fue negado por el tribunal. Acusó también maniobras dilatorias en el caso.

El Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa y en particular con diligencias pendientes, por medio de la abogada Gísela Inostroza calificó la decisión del juzgado como prudente.

No estuvo ningún Rivera en la audiencia, ni algún otro imputado. No existe intención de debate de las medidas cautelares actuales como el arresto domicialirio total de Marcelo Rivera, según el Ministerio Público, que no ahondó en las aristas paralelas del caso, que involucran al diputado Cristián Campos en un supuesto cohecho, investigación que sigue aún desformalizada.