A un día de la audiencia judicial que nuevamente reunirá a las partes en el Caso Rivera, el principal enemigo político del ex alcalde de Hualpén dio a conocer que exigió que el municipio se querelle en el caso, por el resguardo de los bienes públicos que le pertenecen a la corporación y pudieran verse vulnerados.
Continúa el trabajo del Ministerio Público que investiga delitos de corrupción en Hualpén, y se suma la petición de ampliar el plazo de investigación del Caso Rivera que concluye este primero de junio.
Justamente la audiencia que será ventilada en el tribunal de Talcahuano tiene el propósito de definir si se accede a esta petición de la fiscalía, que pretende dar cuenta de la necesidad de nuevas diligencias, e incluso peritajes que solicitó el Consejo de Defensa del Estado querellante en la causa, relacionados con el servicio de impuestos internos. Plazo adicional que se elevaría por nuevos 30 días.
Mientras, desde el municipio de Hualpén, el concejal Gabriel Torres, quien inició las indagatorias que llegaron a Contraloría, pidió formalmente que la corporación como organismo intervenga en el caso y se haga parte como querellante, por el resguardo de bienes públicos.
Pese a que el caso Rivera está circunscrito a una investigación ya acotada a aspectos tales como la adquisición de la Casa Ciudadana, existen aristas aún desformalizadas confirmadas por el Ministerio Público, tales como la Dirección de Tránsito, la Radio Planet e incluso la investigación contra el diputado Cristián Campos. Pero además se agregan otras vertientes que llegan por estos días a los organismos competentes por concepto de eventuales irregularidades en las subvenciones otorgadas por escuelas de lenguajes, entre otros.
El caso mantiene a Marcelo Rivera con arresto domiciliario total, imputado por cuatro delitos -entre ellos lavado de activos y fraude al fisco-, despojado de su cargo de alcalde, que ahora goza por decisión del Concejo Municipal su hijo Miguel Rivera, también investigado en el caso imputado por cohecho.
