El gobierno de Costa Rica afirmó este martes que se han “sobredimensionado” recientes denuncias sobre el impacto ambiental provocado por la construcción de un camino fronterizo con Nicaragua, y descartó que se haya dañado al río San Juan, propiedad nicaragüense.

En una rueda de prensa tras la sesión del gabinete, sin la presencia de la presidenta Laura Chinchilla de gira en Europa, varios ministros opinaron que “se han sobredimensionado” los informes del Ministerio del Ambiente y de un organismo universitario, que señalan irregularidades en la construcción de la vía.

El vicecanciller Carlos Roverssi dijo que “no existe daño ambiental alguno al río San Juan” derivados de la construcción de los 160 km, como lo han denunciado ambientalistas de Nicaragua.

Roverssi recordó que el gobierno de Costa Rica ordenó mediante un decreto de emergencia la construcción del tramo luego de que, según dijo, nacionales de Nicaragua emprendieran en octubre de 2010 una “invasión” a la isla Calero, por la que ambos países mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, argumentó por su parte que no eran necesarios estudios “de impacto ambiental” porque por ser un decreto de emergencia “se podían obviar algunos requisitos”.

“Por supuesto que hay problemas, pero en algunas informaciones se ha sobredimensionado”, afirmó.

Estas declaraciones se producen cuatro días después de que Chinchilla admitió, en declaraciones a la prensa local desde Europa, que el gobierno debe mitigar los impactos ambientales.

Un informe del Ministerio del Ambiente, publicado la semana pasada, indicó que la construcción de la vía causó daños ambientales en el área costarricense por eludir controles.

Otro análisis de un laboratorio de la estatal Universidad de Costa Rica señaló que el camino carece de drenajes adecuados, tiene rellenos de material que podrían colapsar en época lluviosa, un puente en mal estado y cortes innecesarios de bosques.

La construcción de vía, en la que Costa Rica invirtió 40 millones de dólares, motivó la inmediata protesta de Managua, que acusó a Costa Rica de causar daños ambientales en el río San Juan.