La ofensiva contra el narcotráfico en México no sólo ha aumentado las muertes entre los delincuentes y la fuerza pública, sino que cada vez hay más indicios de que han aumentado también las víctimas ajenas al crimen organizado, señala Amnistía Internacional en su reporte anual 2012.

A lo largo del “año se recibió información según la cual las bandas, el ejército y la policía habían matado a un número creciente de personas no relacionadas con los cárteles”, señala el informe divulgado el miércoles, que cuestiona además los secuestros y los ataques contra migrantes.

El reporte recuerda que más de 12.000 personas fueron asesinadas en la violencia resultante de las acciones del narcotráfico en 2011 y en particular por la lucha entre los carteles de la droga.

El gobierno de México dijo el jueves, en un comunicado, que “reconoce el impacto en la sociedad mexicana que tienen las acciones de la delincuencia organizada transnacional”, por eso, añadió, “realiza todas las acciones a su alcance para desarticular a estos grupos”.

Añadió que el gobierno está “plenamente comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos” y que mantiene su política de “apertura al escrutinio internacional”, basada en el convencimiento de que la experiencia y las aportaciones de la comunidad global contribuyen a resolver los problemas que enfrenta el país.

“Durante el año, éstos lucharon entre sí y contra las fuerzas de seguridad por el control territorial en ciertos estados, como Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y Guerrero”, agrega el reporte de Amnistía.

La organización también denunció que en muchas de estas regiones existen “pruebas de que algunos policías actuaban en colusión con organizaciones delictivas, incluso en el homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales”.

Pese a ello, agrega el organismo defensor de los derechos humanos, el gobierno del presidente Felipe Calderón “no adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía”.

El informe agrega que se recibieron reportes de la participación de efectivos de la fuerza pública en “desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias”.

Amnistía precisó además que frente al grave deterioro de la corrupción generado por el narcotráfico al interior de las fuerzas policiales, la respuesta no ha sido rápida.

“Los avances en la reforma de las fuerzas de policía federales, estatales y municipales fueron sumamente lentos”, agrega el documento, que subraya también que “el gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos”.

Pero las denuncias no se limitan a la actuación de la fuerza pública directamente contra el narcotráfico.

El reporte de Amnistía Internacional recuerda que en diciembre, dos estudiantes fueron muertos por la policía que disparó para dispersar una manifestación que interrumpía el tránsito por la autopista.

“Varios manifestantes sufrieron malos tratos al ser detenidos por la Policía Federal y, según informes, al menos uno fue torturado por la policía de investigación del estado para implicarlo falsamente en los disparos”, agrega el reporte.

Respecto a los miles de inmigrantes, especialmente centroamericanos, que cada año cruzan México para intentar llegar a Estados Unidos, el informe de AI señala que fueron blanco de ataques, muchas veces realizados por grupos vinculados con los carteles de la droga.

Muchos “sufrieron abusos graves, tales como secuestro, violación y homicidio, a manos de estas bandas”, denuncia el reporte.

Al presentar el informe la organización lamentó la ausencia de compromisos de los candidatos para la elección presidencial del 1 de julio para enfrentar las graves y numerosas violaciones de derechos humanos en México.

“Aspectos críticos en materia de derechos humanos han estado ausentes en el recorrido electoral que hemos vivido hasta el día de hoy”, indicó el director ejecutivo de la organización en México, Alberto Herrera.