La Cuarta Sala de la Corte Suprema suspendió por un mes para el ejercicio de la profesión al abogado Raúl Meza por infracciones a la ética y le ordenó pagar una indemnización a la Clínica Las Condes por daño moral, cuyo monto se fijará próximamente.
Se trata de un dictamen del máximo tribunal que rechazó el recurso de casación interpuesto por el profesional el 23 de noviembre del año 2009 contra un dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago, que decretó la suspensión de sus funciones y el pago de una indemnización por perjuicio y daño moral.
En el fallo, los ministros Patricio Valdés, Gabriela Pérez, Rosa Egnem, Juan Escobar y la abogada integrante Virginia Halpern determinaron que el jurista es responsable por infringir los artículo 14 y 15 del Código de Ética del Colegio de Abogados que prohíbe a estos profesionales tramitar sus juicios por la prensa.
El caso se remonta al año 2003 cuando la Clínica Las Condes demandó a Meza por una serie de conductas reñidas con la ética durante la tramitación de un caso por una supuesta negligencia médica al interior del recinto.
El profesional asumió la representación judicial de Gustavo Andrés Rubio Mori –padre de una menor que fue tratada en el recinto sistencial- e interpuso una querella criminal por cuasidelito de lesiones graves por negligencia médica.
Entre otras conductas se acusaba al abogado, como representante legal de la Fiscalia Anti Negligencias Médicas, de enviar cartas amenazantes a los profesionales del centro asistencial y la grabación a escondidas de una reunión entre su cliente y los representantes de la clínica, la que luego fue entregada a diversos canales de televisión.
El fallo de la Corte Suprema califica la conducta del jurista como alejada de las normas éticas, pese a que no pertenece al Colegio de Abogados, interpretando que ante la ausencia de disposiciones específicas se debe recurrir a las antiguas normas de control ético, vigentes antes de la dictación del Decreto ley 3621, que quitó a los colegios médicos la tuición ética.
El abogado Raúl Meza es uno de los querellantes en la investigación judicial sobre el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010.
