La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este martes la recusación de querellantes a jueces orales del denominado ‘Caso Bombas’, con lo cual no se anulará este juicio que lleva 5 meses. Además, el Ministerio del Interior deberá cancelar las costas del juicio, a lo que se sumó una multa.

Así lo resolvieron los ministros que integran la Tercera Sala del tribunal de alzada capitalino Mauricio Silva Cancino, Manuel Valderrama y la abogada integrante Gloria Solís, quienes escucharon la petición de la Fiscalía Metropolitana Sur y del Ministerio del Interior para cambiar a los magistrados del tribunal oral.

Se trata de Marcela Sandoval, Blanca Rojas y Carlos Carrillo a quienes los acusaron de vulnerar el principio de la imparcialidad en el juicio, tras rechazar varias de las pruebas expuestas por la fiscalía.

Los jueces determinaron en su resolución que “uno de los principios básicos que rigen el juicio oral es su continuidad, estableciéndose motivos precisos para su suspensión, limitándose su sistema recursivo, siendo inapelable las resoluciones dictadas por un Tribunal Oral en lo Penal. Lo que viene a demostrar, según lo estableció el legislador, el desarrollo del juicio oral no puede verse entorpecido por distintos tipos de incidentes, vistos entonces se rechazan las recusaciones planteadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio Público” leyó en la audiencia el presidente de la Sala, el ministro Mauricio Silva.

A su vez, los jueces decretaron que este incidente sea costeado por quienes lo pidieron, es decir, los gastos de estas apelaciones deberán ser canceladas por el Ministerio Público, mientras que el Ministerio del Interior deberá cancelar una multa de similar cuantía.

Se espera que la decisión de la Tercera Sala sea comunicada en los próximos minutos vía correo electrónico al Tercer Tribunal Oral en lo Penal para que dicte una resolución esta tarde para reanudar el proceso.

Una de las decisiones que deberá resolver será cuando debe declarar en el juicio oral el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a petición de una de las defensas de los acusados.

Anteriormente, el ministro Hinzpeter había informado que podía declarar este martes en las dependencias de la Subsecretaría de Desarrollo Social en calle Morandé, ya que por su investidura tiene derecho a fijar domicilio para realizar este diligencia en el juicio oral.

Al respecto, el abogado de los imputados en esta causa, Mauricio Daza, señaló que “estamos confiados, vamos a seguir hasta el final de este juicio y esperamos que nos de la razón con una sentencia absolutoria”.

Por su parte el fiscal Víctor Núñez, quien representa al Ministerio Público en este caso, declaró que toman este fallo “tranquilamente”, agregando que esperarán el término del juicio para presentar un recurso de nulidad.

“Es simplemente una resolución que señala que lo que ahora se alegó, debe hacerse en un momento posterior, es simplemente eso”, sentenció el persecutor a Radio Bío-Bío.

Por último, la abogada del Ministerio del Interior, Ximena Risco, descartó preliminarmente recurrir a la Corte Suprema.