900 personas interpusieron la acción judicial en septiembre del 2007 por los perjuicios del sistema de transporte capitalino hacia sus usuarios.
Los demandantes, representados por el abogado Felipe Betancourt, pedían una reparación de 20 millones de pesos para cada uno.
El titular del 11º Juzgado Civil de Santiago rechazó esta acción, teniendo en cuenta que no es posible demandar al Estado por indemnización de perjuicio.
Para el juez Justo Pastor Villacura, son las empresas concesionarias las responsables de la correcta implementación del plan de transporte.
“De lo expuesto, se debe necesariamente concluir que la responsabilidad plena en torno al cumplimiento, implementación, puesta en marcha, prestar el servicio, asumir las respectivas obligaciones, etc., de dicha concesión, corresponde única y exclusivamente al concesionario, y que en el caso de autos comprende a 11 sociedades anónimas que se han individualizado en el cuerpo de la demanda”, según establece el dictamen oficializado este lunes.
La resolución sostiene que “de acuerdo con todo lo que se ha transcrito en las consideraciones precedentes, especialmente de las disposiciones constitucionales y legales que se refieren al tema ventilado en este juicio, coincidente en algunos aspectos con la doctrina que se ha citado al respecto, el sentenciador debe necesariamente acoger la aludida excepción de falta de legitimación pasiva del Fisco demandado por haber quedado debidamente acreditada en autos”.
