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Protestas sindicales en Bolivia permanecen sin perspectivas inmediatas de solución

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La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, cerró el viernes tres días de protestas callejeras por reclamos salariales y anunció que redoblará sus movilizaciones la próxima semana, en un difícil clima social sin perspectivas inmediatas de solución.

El miércoles y el jueves fueron los días más violentos, cuando se registraron choques callejeros entre mineros, fabriles, trabajadores en salud y médicos que usaron guías de dinamita, petardos y piedras contra la Policía que respondió con bombas lacrimógenas, en La Paz y Cochabamba, centro del país.

Como saldo de los choques se reportaron una veintena de heridos, entre civiles y policías, según el gobierno que critica las demandas sindicales de un aumento salarial superior al 8%, ya decretado, así como la negativa del sector salud de subir la jornada laboral de seis a ocho horas.

Este viernes se reportaron pacíficas marchas callejeras de unos 4.000 sindicalistas y cortes de ruta en cinco de las nueve ciudades más importantes del país, mientras la COB calificó como un éxito sus reclamos y anunció más protestas.

“Estamos esperando que con nuestras protestas (desde el miércoles) el gobierno nos escuche (…). La próxima semana evaluaremos qué medidas más adoptamos”, dijo el líder de la COB, Juan Carlos Trujillo.

Es probable que las protestas callejeras sean más numerosas y radicales, así como el aumento de los cortes de carreteras interdepartamentales, según el líder de la COB, entidad que hasta hace poco era aliada del presidente Evo Morales.

La renovación de cargos en la cúpula de la entidad gremial el año pasado y la presencia de dirigentes más radicales motivaron el distanciamiento con el oficialismo. Además los reiterados reclamos sindicales hechos cada año han sido minimizados por el Poder Ejecutivo.

La COB declaró huelga de 72 horas de miércoles a viernes, sin embargo, las actividades en la banca, la administración pública y la mayoría de las empresas privadas fueron normales.

Los empleados públicos no están afiliados a la COB y muchas empresas consideran un perjuicio suspender actividades. En el caso de los mineros, columna vertebral de los reclamos hasta hace unas décadas, formaron empresas privadas y han optado por privilegiar la producción, aunque en momentos de alta conflictividad suelen comandar las protestas.

El gobierno ha dicho en las últimas horas, por enésima vez, que el aumento máximo de salarios es del 8% y que anular el decreto de aumento de jornada laboral de seis a ocho horas para el sector de la salud es inviable, lo cual, por ahora, aleja la posibilidad de una solución a los conflictos.

“El gobierno no quiere retroceder para no sufrir una derrota (política), pero si no lo hace, la conflictividad va a aumentar, pues ya estamos ante el umbral de una crisis política”, dijo a la AFP el sociólogo y profesor universitario Carlos Cordero.

“Este clima de conflictividad está dañando la imagen del presidente y aunque sea una señal de debilidad, debería derogar el decreto (de aumento de la jornada laboral para los médicos) porque es preferible a que la popularidad del presidente Evo Morales siga deteriorándose”, acotó.

Morales llegó al poder en 2006 con el 54% de los votos, revalidó el cargo en 2009 con el 64% de los sufragios, pero una encuesta de la privada Ipsos de marzo dice que la aprobación del mandatario se desplomó al 39%.

El gobernante llegó al poder con promesas de justicia social, pero ahora los sectores que lo colocaron en la silla presidencial lo cuestionan, a excepción de indígenas aymaras y quechuas, y cocaleros, sus más leales aliados.

El rápido descenso en la popularidad de Morales se debe a que aplicó medidas impopulares, como un frustrado aumento en el costo de los combustibles, y persiste en su intento de construir una carretera por la reserva ecológica TIPNIS, rechazada por indígenas amazónicos, entre otros temas.

Sobre la posibilidad de que los conflictos sociales puedan desencadenar un golpe de estado, el analista Cordero dijo que “la democracia boliviana ha dado señales en los últimos 30 años de solidez” y estimó que instituciones como “las Fuerzas Armadas y la Policía han demostrado respeto al orden constitucional”.

Sin embargo, el oficialismo cree que detrás de las protestas hay afanes anticonstitucionales de los opositores Movimiento Sin Miedo (MSM, centroizquierda), del ex alcalde Juan del Granado, y Unidad Nacional (UN, centroderecha), del empresario Samuel Doria Medina.

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