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Impuestos verdes: un paso más para la sustentabilidad

Contexto | Peter Grima en Flickr
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La reciente presentación del proyecto de Ley Reforma Tributaria, dado a conocer por el Presidente Sebastián Piñera, ha generado cierta controversia en la opinion pública, principalmente por la efectividad de los beneficios anunciados para educación y la clase media. Sin poner en valor los alcances económicos del proyecto resulta interesante la inédita incorporación de impuestos verdes, que tienen el propósito de incentivar el cuidado al medio ambiente y la salud de los chilenos.

Sin duda estábamos en deuda en el ámbito de los gravámenes verdes, sobre todo considerando la incorporación de Chile como miembro de la OCDE. Esto a raíz de la necesidad de avanzar en medidas que promuevan conductas más responsables y que incorporen las externalidades negativas, aludiendo al principio de “quien contamina paga”, otorgando a un ente emisor la consideración de los costos ambientales de sus actos, y por consecuencia compensando el daño social y ambiental que provocan.

Desde la década de los ’90, los países miembros de la OCDE han incorporado numerosos impuestos ambientales y permisos de emisión, los que se han aplicado a productos y mayoritariamente -cerca del 90%- a las gasolinas, diesel y vehículos a motor.

Algunos de los impuestos ambientales propuestos por el organismo están orientados al pago directo sobre la cantidad y calidad de las descargas contaminantes, tales como vertido de agua, aire, residuos y ruido.

En Chile, para el caso específico de la Reforma Tributaria, se aplicarán “impuestos y subsidios verdes” a ciertos productos que tienen una baja vida útil y un gran período de degradación, como neumáticos, aceites y lubricantes, baterías, pilas y ampolletas. Se incorporará, además, algunos envases y embalajes, tales como productos tetra, vidrio, metal, bolsas plásticas y films, envases de otros plásticos y envases de PET.

El propósito de los impuestos verdes es mejorar la disposición de estos materiales tras su vida útil, evitando que lleguen a un relleno sanitario, disminuyendo así las miles de toneladas que actualmente se disponen, sin un mayor control que posibilite su reciclaje o la correcta disposición final.

En paralelo a esta reforma, el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra elaborando un anteproyecto de Ley General de Residuos, el que centra uno de sus focos en la Responsabilidad Extendida al Productor, que es definido por la OCDE como “la ampliación de las responsabilidades de los productores a la etapa de post consumo en el ciclo de vida de un producto”, medida que también es impulsada fuertemente por los países miembros de la organización. Los materiales priorizados en el anteproyecto coinciden con los señalados en la reforma.

Por tanto, la aplicación de esta última presenta un gran desafío para el sector privado y los consumidores. La pregunta que surge es ¿cómo se avanzará en la incorporación de medidas preventivas e innovadoras que disminuyan las externalidades negativas, y proporcione alternativas más sustentables?

La OCDE señala que los impuestos ambientales tendrán mejores resultados en el contexto de una combinación de medidas políticas que incluya normativas, estándares, acuerdos voluntarios, permisos negociables, entre otras.

Esta perspectiva es clave, considerando que uno de los desafíos de impulsar sistemas de reciclaje masivo y eficientes incluye la articulación de diversos actores, que son parte de la cadena de valor, cada uno de los cuales tiene diversos intereses y requerimientos. A saber, la comunidad, recicladores, ONGs, el sector público y privado.

Ahora bien, cómo se vincula la recaudación de los impuestos con la implementación de medidas que fomenten el reciclaje. La reforma sólo menciona la conformación de un fondo para fomentar e incentivar el reciclaje de los productos priorizados, pero no detalla cómo ni cuándo se va a implementar.

Mayling Yuen

Mayling Yuen

Se podría pensar en la construcción participativa del fondo, que incorpore la visión de actores claves de la cadena de reciclaje, de modo de acercarse a soluciones viables y atingentes a la realidad actual.

Este anuncio permite avanzar en el debate sobre lo que busca Chile para crear una cultura ciudadana en torno al cuidado y la preservación del medio ambiente, que permita que el reciclaje de materiales no sea visto sólo como acciones individuales y aisladas, sino que como una política país.

Mayling Yuen, Directora de Proyectos de Fundación Casa de la Paz

Directora de Proyectos de Fundación Casa de la Paz. Es Ingeniera en Medio Ambiente de la Universidad de Santiago de Chile, con Magíster © en Planificación y Gestión Ambiental de la Universidad de Chile. Profesional con 7 años de experiencia en temáticas ambientales, específicamente en las áreas de gestión de residuos y reciclaje, gestión ambiental participativa y educación ambiental.

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