Con firma mensual durante 6 meses mientras dure la investigación, quedó el ex Alcalde de El Quisco y los 8 funcionarios municipales, acusados de fraude al fisco por mil 700 millones de pesos.

Esto es parte de lo que se vivió al terminar la audiencia de formalización en contra del ex alcalde de El Quisco y los 8 trabajadores formalizados por estafar al Estado.

Los 8 funcionarios son: José Fernando Ugalde, director del consultorio de El Quisco; Gabriel Naranjo, ex director de educación de dicha localidad; Miguel Ángel López, director de educación de San Antonio; Alberto Ramírez, ex director del Serviu; Yolanda Catalán, secretaria del edil; Víctor Elicer, Viviana Leocadia y Lorenzo Paredes.

Todo estos funcionarios, en conjunto con el ex Alcalde están acusados de tramitar y obtener subsidios habitacionales de forma fraudulenta en la ejecución de los proyectos Villas Marina 1 y 2, y Villa Padre Eduardo Alvear.

Dichos conjuntos se realizaron con documentación falsa, que acreditaba que se cumplían con los requisitos necesarios y que los acusados certificaron como reales.

Entre dichas obligaciones, por ejemplo, se encuentra la que debe existir un colegio cerca del complejo, situación que fue certificada; sin embargo, no existe ningún establecimiento educacional en el sector.

Y así una serie certificaciones adulteradas que realizaron los imputados. Razón por la cual, el fiscal les ordenó firma mensual por 6 meses, periodo que dura la investigación.

El ex edil manifestó que todos los funcionarios llegaron a la audiencia con la frente en alto.

Por su parte, el abogado de algunos de los funcionarios, Andrés Benavides, señaló que no se debió dar medidas cautelares; no obstante, manifestó estar conforme con la determinación del fiscal.

Mientras que la directora regional del Serviu, María Francisca Cruz, aseveró que existe responsabilidad del municipio y se está investigando la posibles irregularidades de funcionarios del servicio de vivienda.

La autoridad agregó que espera que la justicia logre detectar todos los delitos cometidas y que se castigue a los responsables que jugaron con la confianza de familias vulnerables de El Quisco.