Durante la jornada se llevará a cabo la primera etapa de la extensa formalización de los ocho acusados del llamado caso Tsunami, que dejó 156 personas fallecidas y 25 desaparecidos tras el terremoto y maremoto que afectaron al país hace más de dos años.
El juez Daniel Urrutia será el encargado de presidir la audiencia que se iniciará a las 09:00 horas de la mañana en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lugar donde la fiscal con dedicación exclusiva a esta causa, Solange Huerta, formulará cargos contra los imputados por sus presuntas responsabilidades penales al no alertar a la población sobre el tsunami que afectó a la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010.
Entre las ex autoridades que serán formalizadas por cuasidelito de homicidio figuran el otrora subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), Carmen Fernández.
En la nómina se consignan además los nombres del ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; el otrora asesor Osvaldo Malfanti; el ex asesor del entonces director del SHOA, Andrés Enríquez Olavarría; el ex jefe de turno del SHOA al momento de la catástrofe, Mario Andina; y el ex jefe del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, Carlos Aranda.
Fuentes vinculadas al proceso estiman que las formalizaciones se desarrollarán durante toda esta semana, debido a la cantidad de los antecedentes recabados por la fiscal Huerta.
El Ministerio Público resolvió levantar cargos contra los ocho imputados de acuerdo al estudio de un conjunto de datos que establecieron la presunta existencia de delitos culposos “en el desempeño de un grupo de personas por su participación en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población”.
El 16 de marzo de 2010 el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, resolvió designar a la fiscal Solange Huerta para investigar las presuntas responsabilidades penales en la fallida alerta del tsunami. Para ello la jefa de la zona Metropolitana Occidente conformó un equipo compuesto por fiscales Luis Tapia y Andrés Castellanos, junto a un Fuerza de Tareas de la Policía de Investigaciones conformada por cinco oficiales.
En una primera fase, se realizaron constituciones en terreno y diligencias en las zonas afectadas, abarcando las localidades de Lebu, Llico, Cañete, Talcahuano, Dichato, Pelluhue, Constitución, Pichilemu, Llolleo, San Antonio, Juan Fernández, Isla de Pascua, Valparaíso y Santiago.
En paralelo, el equipo investigador asumió la tarea de reconstruir una bitácora minuto a minuto de los hechos ocurridos en la madrugada del 27-F, para lo cual se formularon múltiples requerimientos de información a las instituciones y organismos involucrados, se tomaron más de mil declaraciones y se realizaron una serie de entrevistas a expertos nacionales e internacionales, específicamente a las autoridades y personal de turno del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, para lo cual el equipo de fiscales se trasladó hasta las dependencias del organismo técnico en Hawaii, Estados Unidos.
A la fecha, la fiscal Huerta acumula 55 carpetas de unas 400 hojas cada una, en promedio. En la causa se han interpuesto 60 querellas y han sido practicados más de 200 peritajes que comprenden estudios planimétricos y ambientales de las zonas afectadas, además de pruebas de ADN y pericias audiovisuales.
