El presidente de Bolivia, Evo Morales, soporta esta semana un fuerte embate de los movimientos sociales, con un paro de 48 horas del transporte que comenzó el lunes y una huelga general de tres días convocada por la central obrera (COB) a partir del miércoles, protestas que el gobierno atribuye a la oposición.

La huelga de choferes -que se opone a la vigencia de una ley municipal que reglamenta el transporte y tránsito urbano de La Paz- paralizó este lunes completamente a la ciudad, con episodios esporádicos de enfrentamientos con usuarios que se desplazaron a pie a sus centros de trabajo.

“El paro es un rotundo éxito. Hemos dicho a nuestros compañeros que el problema es de todos, por eso es contundente”, evaluó René Vargas, secretario ejecutivo del sindicato de choferes de La Paz.

Los choferes rechazan que la nueva legislación -aprobada por el municipio- regule las rutas, las paradas y los horarios de servicio, además de obligarles a cumplir las normas de circulación y a llevar puesto el cinturón de seguridad, entre otras cosas.

Buses de pasajeros, taxis y furgonetas de transporte público bloqueaban las intersecciones y pasos de los principales barrios y el centro de la capital, cortando totalmente el transporte, tanto público como particular.

Ante la contundencia de la protesta, el Gobierno se vio obligado a suspender las clases en centros de estudio y a dictar tolerancia y horario continuo en las actividades laborales públicas y privadas.

Excepto en Santa Cruz y Cochabamba, dos de las principales ciudades bolivianas, los choferes no fueron al paro en razón a que la ley municipal sólo alcanza a La Paz. Pero en solidaridad, otros sindicatos de conductores, como los de Potosí y Oruro, ambos en el sur del país, cortaron carreteras.

Luego del paro de los choferes, la COB, la mayor central sindical de trabajadores, cumplirá desde el miércoles una huelga de 72 horas en demanda de mejoras salariales y en apoyo a los médicos, que mantienen una huelga de más de un mes en rechazo a la ampliación de su jornada laboral de 6 a 8 horas.

La medida de extender la jornada laboral fue suspendida el viernes por Morales hasta que sea evaluada en julio por una reunión de expertos de la salud, pero los sindicatos de médicos y paramédicos mantienen las protestas y piden la abrogación definitiva del decreto.

Los médicos volvieron este lunes a cortar rutas en varios puntos del país.

El vicepresidente Alvaro García calificó la decisión de los médicos de continuar con las protestas de “caprichosa, abusiva, criminal y política” y llamó a la población a oponerse a la huelga.

“El gobierno convoca al pueblo boliviano, a los trabajadores, a los vecinos, a los comerciantes, oficinistas a defender la salud, a que no siga adelante esta prepotencia, este abuso, los convocamos a movilizarse para defender el sistema de salud público”, manifestó García.

En el caso de los médicos “está metido el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario)”, el partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que dimitió en 2003 tras una masacre de 60 civiles. Entonces “diferenciemos lo político de lo social”, planteó el vicepresidente.

Entre tanto, está en curso una marcha de indígenas que avanza a pie 600 km desde la Amazonia hasta La Paz para oponerse a la construcción de un tramo carretero que, según ellos, afectará a una reserva ecológica en esa región.

Esta escalada de protestas sociales obedece, según las autoridades, a una acción premeditada que pretende desestabilizar al gobierno.

“Hay una mano negra en las protestas callejeras. Existe un plan de desgaste (del Gobierno) sin importar el precio que debe pagar la sociedad”, sostuvo en días precedentes el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.