Familiares de autodenominados “presos y perseguidos políticos” venezolanos pidieron el sábado al presidente Hugo Chávez que decrete una amnistía para todos ellos a raíz de declaraciones del ex juez Eladio Aponte, quien semanas atrás reveló desde el extranjero presuntos casos de manipulación judicial en el país.

“Nosotros también pedimos a Dios que ilumine su alma y toque su corazón para que de manera definitiva, a través de un decreto de amnistía, se pueda otorgar la libertad plena a los presos y perseguidos políticos”, dijo en un discurso Osmary Pérez, hija del dirigente político Oscar Pérez, dirigiéndose a Chávez tras desearle una pronta curación del cáncer que padece.

La hija de Pérez, dirigente de Alianza Bravo Pueblo (ABP) exiliado en Perú, se dirigió después a los hijos de Chávez y les pidió que intercedan ante su padre para terminar con lo que calificaron de “pesadilla”.

Chávez, que desde el martes está en La Habana para seguir con su tratamiento contra el cáncer, sostiene que en Venezuela no existen presos políticos sino “políticos presos”.

El ex juez, de 63 años, acusó en sus declaraciones al ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, y al jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército, general Cliver Alcalá, entre otros altos funcionarios del gobierno venezolano.

Además, aseguró que recibía “órdenes desde la presidencia para abajo” para “favorecer y manipular casos”, como los de muchos “presos politicos”.

Aponte fue destituido el 20 de marzo por la Asamblea Nacional ante acusaciones de que había suministrado credenciales al presunto narcotraficante Walid Makled.

El gobierno venezolano informó este miércoles que la Interpol emitió una orden de captura contra el ex juez, que realizó sus polémicas declaraciones desde Estados Unidos.

Según recordó esta semana el ministro del Interior Tareck El Aissami, ese tipo de orden “obliga que cualquier país que conozca de la presencia en su territorio de este prófugo de la justicia, las autoridades respectivas deberán detenerlo inmediatamente y colocarlo a la orden del poder judicial venezolano”.