El gobierno ecuatoriano consideró “gravísimo” el fallo de un tribunal internacional de arbitraje que obliga al Estado a pagar 90 millones de dólares en una demanda de la petrolera estadounidense Chevron por retraso en la administración de justicia, según una declaración difundida este sábado.

“Es gravísimo que el Tribunal de Arbitraje (de La Haya) que ha trabajado con las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) haya decidido eso”, señaló el canciller Ricardo Patiño, citado por el portal informativo de la Presidencia.

Patiño dijo que el pasado jueves conoció el fallo que desestimó un pedido de nulidad de la decisión planteado por Quito, y agregó que ello señala la urgencia de que América del Sur cree su propio organismo para la resolución de este tipo de controversias.

Según el canciller, así lo planteó a los ministros de Defensa, Justicia, Interior y Exteriores de los 12 países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), durante una reunión sobre seguridad que concluyó el viernes en la ciudad colombiana de Cartagena (norte).

“Felizmente con la incitativa ecuatoriana” presentada en la Unasur “se está avanzando en la creación de este nuevo sistema de solución de controversias”, indicó el ministro, y sostuvo que el Tribunal de Arbitraje pasó “por encima de las autoridades judiciales ecuatorianas”.

“Decidió irse por encima de la justicia ecuatoriana y decir esto es lo que tiene que pagar el Ecuador por los juicios que en la década de los ochenta y noventa habían sido instaurados” por Chevron, afirmó Patiño, subrayando que esas demandas ya fueron resueltas en las cortes nacionales.

Chevron enfrenta una demanda privada en Ecuador por parte de unos 30.000 indígenas y campesinos, que la acusan de daños ambientales atribuidos a Texaco (la cual adquirió en 2001) durante sus operaciones en la selva amazónica entre 1964 y 1990.

La compañía fue condenada a pagar unos 18.000 millones de dólares en un fallo de segunda instancia el pasado 3 de enero, que fue apelado ante la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Quito se retiró del CIADI -adscrito al Banco Mundial- en 2009, aduciendo que violaba la Constitución promulgada un año antes por el presidente socialista Rafael Correa.