El General Director de Carabineros, Gustavo González Jure, le solicitó a Controlaría General de la República -en primera instancia- reconsiderar la idea de realizar 2 sumarios contra un general, un coronel y un mayor en Punta Arenas, junto a otro caso que involucra a otro alto mando. Como respuesta, el organismo fiscalizador obligó a la institución a cumplir con la normativa a través de 2 dictámenes emitidos recientemente.
Los dos casos tienen relación con el uso de vehículos fiscales para fines personales, donde estarían involucrados un total de 4 oficiales de la policía uniformada. La falta administrativa es considerada una falta grave que podría terminar con la expulsión de los funcionarios involucrados.
El primer caso incluye la participación de 3 uniformados en Punta Arenas, donde uno de ellos habría ido de paseo a Torres del Paine a bordo de un auto institucional. Por otra parte, la otra denuncia corre por cuenta del ex suboficial Carlos Ripetti -quien tomó notoriedad pública tras renunciar a la institución en calzoncillos- contra un coronel de la Dirección General de Carabineros, quien habría llevado constantemente a sus hijos al colegio con la ayuda de uno de los guardias del mismo general Gustavo González.
En la primera denuncia se da cuenta de la venia del jefe de la zona magallánica, Cristián Llévenes, y el coronel Miguel San Martín, para que el mayor Alfredo Herrera fuera de viaje hasta el parque nacional con vales de bencina y a bordo de un vehículo fiscal, según constató personal de la Conaf. Pese a todo ello, la institución se negó a presentar los antecedentes penales ante el Ministerio Público; desobedeciendo a Contraloría y cayendo en un delito al interior de la administración pública, puesto que es obligatorio dar cuenta de un ilícito ante la Fiscalía correspondiente.
En el segundo caso se trata de una denuncia acreditada por el ex suboficial Carlos Ripetti, quien en 2011 demostró que el coronel Juan Irigoyen, de la dotación de la Dirección General de Carabineros, usó una patrulla “para trasladar a su hija como así también a otros alumnos, presumiblemente hijos de oficiales de Carabineros, desde el Colegio San Marcos -ubicado en la Comuna de Macul- hasta su domicilio”, con la ayuda de un guardaespalda del mismo General González.
Finalmente, cabe destacar que la única medida que tomó la máxima autoridad policial fue una “reconvención”, consistente en un llamado de atención que ni siquiera considera algún tipo de sanción disciplinaria. Luego de ello, Contraloría arrojó un dictamen que llama a la institución a respetar el uso correcto de los bienes del Estado. “En consecuencia, con el mérito de lo expuesto no cabe sino desestimar la solicitud de reconsideración de los oficios… debiendo la autoridad competente de Carabineros, ordenar la instrucción de un proceso disciplinario … y establecer las responsabilidades… aplicando en tal caso las sanciones disciplinarias correspondientes”, señala claramente el documento al que accedió The Clinic On Line.
